El día 3 de mayo, mero día de la Santa Cruz, nos enteramos por el periódico de que “cerca de 19 alcaldes del sur y poniente de Tlaxcala (desde Tepetitla hasta San Pablo del Monte) se reunieron para tratar asuntos relacionados con el convenio Gran Visión, que autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala, así como representantes del Congreso de la Unión, signaron hace cuatro años para el ordenamiento urbano de la cuarta zona metropolitana del país.” En esta reunión los alcaldes tuvieron como objetivo dar a conocer todos los convenios y hacerlos efectivos, para permitir y potenciar el desarrollo de la región.
Noticias como esta pueden ser motivo de esperanza por varias razones:
Primera, el hecho de que los alcaldes acepten reunirse, podría querer decir que en verdad pueden estar preocupados por tener una visión más integral de la realidad del estado, y por una búsqueda conjunta de soluciones a los problemas que tienen en esa zona.
Segunda, esto querría decir que, por fin, en Tlaxcala se está haciendo uso de las atribuciones que tienen como municipios de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución federal, que dice en su fracción III: “Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las diversas funciones que les correspondan.”
Y tercera, el que los alcaldes se reúnan para tratar sobre problemas comunes, podría querer decir también que están ahora más preocupados por servir adecuadamente a las y los habitantes de sus municipios, que por trabajar solamente para los partidos que los propusieron como candidatos o para los grupos de poder que los apoyaron durante sus campañas políticas.
Aceptando, sin conceder todavía, que estas razones puedan resultar ciertas, habría que reconocer que los ayuntamientos de esta región de Tlaxcala estarían queriendo hacer bien su trabajo; es decir, actuar verdaderamente como gobiernos, al servicio de sus poblaciones, sin privilegiar sus intereses personales, ni de los partidos, ni de pequeños grupos, ni de grupos de gran poder económico.
Además, siguiendo la nota, se destaca ahí que los alcaldes “admitieron que los índices de inseguridad pública, la práctica de lenocinio y los focos de contaminación han aumentado en forma alarmante…” Ante esto, si bien coincidimos en términos generales, habría que puntualizar algunas cosas en apoyo a la reflexión y las acciones que puedan concertar los alcaldes:
Primera: Respecto del combate a la contaminación, se habla de la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales con las que se evitará que más de 200 mil habitantes arrojen directamente sus deshechos a los cauces de los ríos Atoyac y Zahuapan. Esto podría ser bueno, pero los alcaldes deben tomar en cuenta que nuestros ríos tienen contaminantes que no cualquier planta de tratamiento puede eliminar, algunos de los cuales, lo más agresivos para la salud humana, no están siquiera contemplados en las normas ambientales mexicanas. Por esta razón, será bueno que no acepten sin más cualquier propuesta tecnológica para el tratamiento de sus aguas, sino que insistan en que se establezcan plantas que verdaderamente resuelvan el problema.
Segunda: Al parecer en Tlaxcala tenemos que insistir cotidianamente en que el problema grave en el estado no es solamente el lenocinio, sino la trata de mujeres para la prostitución, y que está ya contemplada en los códigos Penal y de Procedimientos Penales bajo el delito de trata de personas. Será bueno, ante esto, que las policías municipales y la estatal trabajen de manera coordinada “para disminuir las bandas delictivas”, pero también será bueno que desde los ayuntamientos se coordinen acciones con el gobierno del estado para implementar políticas públicas, programas y proyectos que lleven a solucionar el problema de manera integral.
Tercera: Respecto del Proyecto Gran Visión, será bueno que los alcaldes reflexionen más profundamente sobre sus causas y consecuencias, así como sobre los intereses de Estados Unidos que trae detrás en conjunto con el Plan Puebla– Panamá. Sobre todo en las consecuencias, que son graves para las comunidades que se ven afectadas en sus tierras y en su tejido social, por la ejecución sin consulta de planes carreteros e instalaciones de maquilas y plantas industriales.
Así pues, esperamos que los alcaldes, desde Tepetitla de Lardizábal hasta San Pablo del Monte, estén verdaderamente pensando en el beneficio de todas y todos los habitantes de sus municipios, y que actúen en consecuencia.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
