La Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (CAIP), ordenó a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, entregar un informe detallado de todos sus contratos de publicidad en el trienio 2004–2007, con medios de información electrónicos e impresos en el país y fuera del territorio nacional.
La dependencia deberá hacer efectiva la orden en un plazo no mayor a 15 días hábiles, según la resolución tomada unánimemente por los consejeros Josefina Buxadé Castelán, Samuel Rangel Rodríguez y Antonio Juárez Acevedo.
La solicitud que dio origen a la determinación de la CAIP fue tramitada por el periodista Ernesto Aroche Aguilar.
El periodo de información requerido supone la difusión de facturas pagadas por la administración de Mario Marín Torres a televisión, radio, medios impresos y publicados en internet durante la crisis que protagonizó el mandatario por su participación en la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
El pasado 15 de enero, en la sesión solemne del Congreso poblano en la que Mario Marín rindió su tercer informe de gobierno, la fracción parlamentaria del PAN, en voz de su coordinador, Eduardo Rivera Pérez, cuestionó las erogaciones del erario público a favor de Marín, en la defensa legal del mandatario y su apología mediática:
“Más allá de litigios y opiniones, falta una verdadera reconciliación con los poblanos. Licenciado Mario Marín Torres, la reconciliación consiste en abatir los rezagos y pendientes sobre inseguridad, desempleo y pobreza que mujeres y hombres sufren en la entidad. Para lograrlo se requiere una convicción de estadista y demócrata, un liderazgo que aglutine a todos los actores sociales y todos los esfuerzos. ¿Estaría listo para ello?”, dijo en aquella ocasión Rivera.
Enseguida, el legislador panista criticó la opacidad de la administración estatal: “Podemos ver que la transparencia en el estado está en entredicho, porque entre otros rubros se desconocen los montos económicos destinados para su defensa (de Mario Marín Torres) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el desglose de los gastos realizados por su gobierno en los medios de comunicación, así como resolver el expediente del presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Antonio Juárez Acevedo), por haber incumplido los preceptos legales de su nombramiento y haber ocultado información a los poblanos”.
“En el estado de Puebla afirmar que hay total transparencia para que la sociedad conozca sobre el ejercicio del dinero público, es como afirmar que el agua de Valsequillo está limpia cuando todos sabemos qué es lo que hay realmente existe en el fondo”, sentenció.
