La semana pasada, personal de vigilancia de AZT impidió el acceso a 10 empleados del departamento de producción de las marcas Target y American Eagle, donde se hacían cargo del corte, costura, terminado y lavandería de prendas, situación que fue usada en contra de los afectados para que no les paguen sus liquidaciones correspondientes.
Por esos hechos, los afectados presentaron una denuncia por despido injustificado ante la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores (Profedet) –asentada en el expediente 232/2008–, por lo que emplazó a los directivos de la empresa para que acudieran este lunes a una audiencia, a fin de presentar sus argumentos del rompimiento del contrato laboral con esas personas.
A la audiencia acudieron los abogados Carlos Aguilar, de AZT International y Lorena López, de Hergo Soluciones, quienes en un principio informaron a los ex trabajadores sobre sus derechos laborales y acerca de las prestaciones que por ley les corresponden en casos de despido.
Carlos Aguilar llevaba consigo una propuesta de liquidación para los ex trabajadores de AZT y Hergos Soluciones, que consiste en otorgarles únicamente el 50 por ciento de las prestaciones de ley, pues les aseguró que la empresa sólo pagaría el total de la indeminización –correspondiente a 90 días de salario más diversos porcentajes por concepto de vacaciones y aguinaldo, entre otros– en caso de “perder el juicio”.
Tras estos comentarios, dicho abogado acotó: “pero no es seguro que ganen el juicio, pues consideramos que no tienen las pruebas suficientes para demostrar el tiempo que estuvieron trabajando en la empresa”. Además, afirmó que el despido de esos trabajadores se formalizó desde el 18 de abril y no el 24 del mismo mes, cuando les cerraron la puerta de acceso.
Las palabras de Carlos Aguilar fueron interpretadas por los afectados como una advertencia para que no continúen el juicio laboral, aunque consideraron que las posibilidades de que sigan ese proceso legal son amplias, pues la propuesta de liquidación que les ofrecieron no compensa los años de servicio, pues algunos de ellos laboraron para AZT International de Panzacola entre 5 y 13 años.
La cantidad que debería erogar la empresa de Kamel Nacif para indemnizar al 100 por ciento a ocho ex trabajadores asciende a poco más de 647 mil 786 pesos; sin embargo, sólo pretende pagar 376 mil 39 pesos.
Los afectados revelaron que existen otros 300 casos de despidos injustificados por parte de de esa empresa.
