En el ejercicio de la democracia representativa resulta fácil elegir a los representantes del pueblo, pero muy difícil, por no decir imposible, removerlos. Una vez llegados al poder se consideran dueños de lo público y les cuesta rendir cuentas.
Con los funcionarios públicos cuya posición no es producto de elección sino de la designación, la situación se torna más difícil porque su compromiso no es con los electores, sino con la persona que los designó.
La rendición de cuentas es un proceso incipiente y tiene muchas formas de expresión, va desde los presupuestos por resultados hasta la evaluación vía la opinión de los ciudadanos.
Emitir una calificación es fácil cuando se utilizan escalas con las que los evaluadores están familiarizados. La educación pública permite aprender desde pequeños que con un 5 se está reprobado, en tanto que a partir del 6 es suficiente y si se llega al 10 es excelente.
Diez de los secretarios del gobierno de la Alianza Ciudadana han sido evaluados en dos procesos; uno realizado en noviembre de 2007 y otro en abril de 2008. Los resultados de ambos ejercicios ubican su desempeño entre suficiente (6) y regular (7).
Los mejor evaluados resultan ser los de salud y asistencia social, que marcan la constante del discurso y la acción gubernamental: construcción de hospitales y entrega de ayudas, lo que refleja un futuro de gasto incremental.
A mitad del camino resulta necesario hacer una evaluación del equipo y, de ser necesario, efectuar cambios que permitan un golpe de timón para reorientar el proyecto y las prioridades, para contribuir a un verdadero desarrollo. No se puede seguir con indicadores de último lugar.
