El día viernes 11 de abril el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local celebró su sexto aniversario, institución en donde se ha materializado el trabajo de hombres y mujeres de más de 15 municipios del estado y que se ha convertido en un referente en el marco de la promoción y exigibilidad de los derechos humanos en el estado.
Uno de los aciertos de esta institución ha sido la generación de alianzas, tanto con actores locales como de otras partes del país, de tal forma que los que estamos identificados con esta institución, recordamos la presencia de gente del Miguel Agustín Pro, el Centro Fray Francisco de Vittoria, la Red Todos los Derechos para Todos, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el Instituto de Ingeniería y de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el paso de personas como Ana Lucía Gaytán, en ellos actualmente sería impensable el hecho de la existencia misma de la institución.
Una remembranza del trabajo en estos seis años involucra desde actividades de formación en derechos humanos al interior de las comunidades, trabajos de investigación en temas que las comunidades han considerado que generan situaciones de vulnerabilidad, hasta aspectos de denuncia pública. En este sentido, se puede hablar de un trabajo integral que ha sido resultado de la actividad conjunta entre comités comunitarios de derechos humanos, el Centro Fray Julián Garcés e instituciones de apoyo.
Existen, sin embargo, dos temas en que el Centro Fray Julián Garcés ha puesto especial interés, por la cantidad de población que vive en situación de vulnerabilidad, el impacto generado en las condiciones de vida en las comunidades objeto del problema y la negativa de las autoridades a la implementación de políticas públicas que den solución.
El primero de ellos es el tema de trata de personas para la prostitución, en el que gracias a una iniciativa ciudadana que contó con el apoyo de más de 25 mil firmas, el Congreso del estado se vio obligado a tipificar la trata de personas como un delito. Sin embargo, aún no se observa la puesta en marcha de políticas públicas que permitan la erradicación de esta problemática y mucho menos dar una efectiva protección a las víctimas de este delito.
Es de agradecer, no sólo al Centro Fray Julián, sino también a las instituciones que son parte de esta iniciativa, que su trabajo en este tema no se detuvo después de las modificaciones al Código Penal, y aún persisten en sus procesos de seguimiento y de denuncia pública.
El otro tema, es la denuncia de daños a la salud por contaminación, en donde uno de los aspectos más importantes fue llevar el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en el mes de marzo de 2006, conjuntamente con casos tan importantes como la construcción de la presa “La Parota” en la cuenca del río Papagayo y cercana a la ciudad de Acapulco, en Guerrero, y que implicaba el desalojo forzado de población, así como alteraciones a una de las zonas más ricas en biodiversidad, y la contaminación del río Santiago en el estado de Jalisco, en donde se ha demostrado la existencia de daños a la salud, principalmente a niños.
En este aspecto, el estado de Tlaxcala también ha reformulado el Código Penal sancionando la generación de daños a la salud como producto de la contaminación, ha instaurado una política de saneamiento de los ríos sólo con los parámetros establecidos en la normatividad oficial mexicana, dejando fuera una gama inmensa de sustancias, y aún se niega a aceptar la existencia de daños a la salud, aún cuando existan evidencias científicas de daños genotóxicos.
La celebración de este sexto aniversario significa también un momento coyuntural en la institución, reafirmando su relación con las comunidades a partir de trabajo, manteniendo los procesos de investigación y denuncia pública y consolidando instancias de exigibilidad política y de justiciabilidad. Sin embargo, su trabajo no se detiene y una de las primeras acciones en este séptimo año es una caravana el próximo 20 de abril de la comunidad de Villalta a Natívitas, que permita seguir denunciado públicamente la contaminación del río Atoyac, que la propuesta de saneamiento establecida por las instituciones del estado no es suficiente mientras no contemplen otras sustancias y que se consideren medidas preventivas en salud.