El panista presentó a este diario un mapa aéreo en donde se observa que 30 hectáreas de la reserva que estaban destinadas para zonas verdes, áreas deportivas y obras de infraestructura, se entregaron a particulares o instituciones públicas para ser utilizadas en propósitos distintos a los autorizados en la declaratoria de usos de suelo.
Las autoridades estatales presentaron hace unas semanas ante la Sedesol una propuesta para modificar por cuarta ocasión el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, Puebla y Cuautlancingo. La petición incluye 60 hectáreas, de las cuales la mitad son predios que tienen la categoría de “ocupados”, es decir, fueron cuentan con construcciones y sus usos de suelo fueron modificados sin autorización.
Así lo dio a conocer el diputado local del Partido Acción Nacional José Manuel Janeiro Fernández, quien criticó al gobierno del estado por utilizar como “un distractor” el anuncio de retirar a la Asociación Puebla Verde el comodato del Jardín del Arte. Lo que se pretende, dijo, es desviar la atención de la opinión pública sobre la modificación que se pretende hacer a las 60 héctareas.
El Jardín del Arte, manifestó, ni siquiera forma parte de las 60 hectáreas que se pretenden modificar. En 2004, abundó, Acción Nacional también hizo frente a la decisión del gobierno del estado de desaparecer el Parque Metropolitano –considerado en el proyecto original y que incluía una extensión importante de área verde– y dar paso a la firma de contratos de comodato que dio pie a la creación de Valle Fantástico, propiedad del empresario Ricardo Henaine Mezher.
“Ya estuvo bien de darle juego a los franeleros de cuello blanco”, aseveró.
Detrás del cambio que se pretende en el uso de suelo, apuntó, se encuentra un “jugoso negocio”, ya que las áreas a modificarse se encuentran en puntos con una alta plusvalía. Tan sólo de las 30 hectáreas que no están ocupadas, dijo, se pueden obtener hasta mil millones de pesos.
Por si fuera poco, refirió, el secretario de Gobernación estatal, Mario Montero Serrano, ofreció a la Sedesol federal que para compensar la pérdida de áreas verdes se destinó la donación a la Comuna de Puebla del terreno Las Carmelitas, ubicado en San José Mayorazgo, así como otros predios.
Sin embargo, dijo el panista, Las Carmelitas están invadidas por miembros de la organización Antorcha Campesina, además de que no es un predio cuyo dominio total dependa del gobierno del estado. Es más, argumentó que ese mismo predio fue ofrecido anteriormente por el gobierno del estado como un mecanismo de pago cuando se llevó a cabo la construcción del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la zona considerada para el Parque Metropolitano.
Incluso, añadió, la permuta es violatoria de los lineamientos de la reserva territorial, pues “no se cumple con dicha propuesta la autosuficiencia de los servicios y el equipamiento”.
“Cambios ilegales”
En entrevista, Manuel Janeiro Fernández explicó que, de acuerdo con el listado presentado por Rafael Moreno Valle Huitrón a la Sedesol federal para el cambio de uso de suelo, en las 60 hectáreas existen 37 predios que pretende modificarse, de los cuales 15 (con una extensión de 30.3 hectáreas) son “predios ocupados” y cuyo destino original fue transformado sin que hubiera autorización expresa de esa instancia.
Por ejemplo, explicó, el predio SA22, con una superficie de 5 hectáreas, actualmente es la sede del Complejo Cultural Siglo XXI, pero se desconoce quién autorizo la obra o si hubo el aval de algún ayuntamiento para las licencias de construcción. No obstante, el sitio fue incluido en la propuesta de modificación presentada ante la Sedesol.
En este mismo caso están dos predios, de 1.5 hectáreas, considerados originalmente como áreas verdes (SA–25–2–A, SA–25–2–B), pero actualmente tiene un destino de “equipamiento urbano”. Igual pasa con 3.1 hectáreas (SA–28) de la superficie de la planta de tratamiento que se encuentra en el sitio, los cuales fueron transformados a comercio con uso mixto, y un terreno de tres hectáreas (SA211) que dejó de ser unidad deportiva para servir como zona de equipamiento urbano.
Janeiro Fernández refirió que existe el caso de los lotes LT–14–1 y LT181D1 que estaban considerados en el plan original como un centro vecinal, denominado CIPAC, y como una zona de equipamiento, pero actualmente allí se encuentra viviendas de interés social terminadas.
Por el contrario, en esta propuesta de modificación hay otros 22 inmuebles, con una superficie total de 29.8 hectáreas, catalogados como “predios disponibles”. Allí, Rafael Moreno Valle Huitrón propuso la desaparición de cinco áreas de “preservación ecológica” (LT–7, LT17–1, SA–11, SA–31 y LT–17–2), con una extensión de 120 mil 700 metros, para convertirlas en vivienda residencial media, equipamiento urbano y comercio de uso mixto.
A la par, existen ocho predios (SA–37, 38, 39, 44, 45, 46 y 49), que en conjunto suman 6.9 hectáreas, que se propone destinarlas a uso de comercio mixto. También están dos vialidades de 700 metros que se pretende desaparecer para dar paso comercios.
Además, el predio SA–36–D1, ubicado detrás de Ciudad Judicial, y que originalmente era el inmueble que el gobierno del estado, iba a donar a la empresa Motorola para la instalación de su fábrica, ahora se pretende que sea para comercio de uso mixto.
De igual forma, se incluirá una unidad deportiva de 20 mil 300 metros que pasará a ser comercio de uso mixto.
Manuel Janeiro Fernández demandó al director del fideicomiso de la reserva territorial, transparentar cuántos inmuebles se encuentran aún disponibles o si está cuarta modificación “es la última etapa del jugoso negocio” que ha representado Angelópolis a los gobiernos estatales en turno.
