De acuerdo con información proporcionada por el coordinador de los diputados locales del PAN, José Manuel Janeiro Fernández, en por lo menos 30 hectáreas de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl se permitió que varios predios fueran ocupados o se hicieran construcciones sin que se modificara el uso del suelo de dicha zona, lo cual es un acto que viola las normas que regulan el desarrollo urbano.
Este hecho es reprobable desde dos aspectos. Primero, porque dicha modificación a la reserva ha significado la destrucción de las pocas áreas verdes que quedan en el municipio de Puebla, lo cual genera un deterioro grave de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Un segundo aspecto es que no se respetaron las normas al permitirse que los predios de la reserva se emplearan para fines no autorizados. Esta situación no solamente debe ser objeto de denuncia en medios de comunicación: debería significar el inicio de procesos legales contra los servidores públicos que permitieron dicha violación a las normas que se supone fueron diseñadas para cuidar zonas de preservación ecológica.
Es fundamental hacer un llamado a la conciencia ciudadana para que se entienda la magnitud del atropello que se ha cometido, pues las áreas verdes son fundamentales para conseguir un desarrollo armónico en grandes ciudades como Puebla; son espacios colectivos que no pueden quedar en manos de unos cuantos empresarios. Con este tipo de actos, se pone en entredicho cualquier intento de dar orden al desarrollo urbano de la capital poblana.
