En entrevista con La Jornada de Oriente, Etcheverry Beltrán aseguró que el gobierno federal, de manera intencional, buscó no ir en contra del artículo 27 constitucional, sino atacar la Ley Reglamentaria de Pemex, lo que le permitiría realizar las propuestas mencionadas.
El ingeniero desglosó los puntos básicos de la iniciativa calderonista. Aseguró que resulta completamente absurdo proponer que el gobierno tenga la libertad para licitar obras, ya que esto viola la ley, y abriría las puertas para que se otorguen más concesiones a las empresas como Repsol o Shell.
Dijo que en la parte de la contratación de las nuevas tecnologías para Pemex la iniciativa específica que se darán a quién más convenga. “¿quiénes va a decidir van a decidir qué es los más conveniente? Eso no se aclara”, dijo Etcheverry.
En el punto de tener la libertad de elegir a los proveedores de refacciones sin realizar un concurso, el ingeniero aseveró que ninguna empresa en el mundo realiza acciones de este tipo, ya que los contratos se otorgarían a los empresarios consentidos por el gobierno.
Lo mismo ocurre con los contratos pagados por el éxito o el fracaso de los proyectos, ninguna empresa petrolera en el mundo, aplica contratos de este tipo, ya que no hay ninguna garantía de que el dinero invertido para realizar alguna acción rinda, y los únicos que resultan beneficiados son los empresarios, dijo.
Pero asegura que una de las propuestas más absurdas es el otorgamiento de contratos de buena voluntad, “los más grave es que en la iniciativa no se aclara cómo son estos contratos, pero lo es evidente que es una invención eso de la ‘buena voluntad’”.
Esta propuesta, añadió, es la sustitución de los llamados contratos de riesgo, que se realizaron por primera vez en el gobierno de Miguel de la Madrid y que posteriormente fueron prohibidos.
Uno de los puntos más preocupantes, según dijo, es el intento de compartir la refinación con empresas extranjeras,
Armando Etcheverry Beltrán manifestó que las principales consecuencias de que la iniciativa de reforma energética sea aprobada es que el país perdería independencia, pero sobre todo la posibilidad de conseguir un verdadero desarrollo económico.
En consecuencia, se provocaría una profunda crisis económica y social, más grave que la existe ahora, dijo el ingeniero.
Finalmente, Etcheverry Beltrán opinó que se necesitan mucho más de 50 días para realizar un verdadero debate sobre esta iniciativa, y necesitan participar verdaderos especialistas en el tema.
