Cinco documentos plasman la propuesta del gobierno en materia petrolera. Sintetizan la visión del Ejecutivo federal que busca favorecer a la inversión privada, sin cambios constitucionales, fruto seguramente del movimiento social, que ha puesto en primer término y por varios meses a la defensa del petróleo como su principal eje de lucha.
La iniciativa presentada en materia energética, modificaría la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) vigente, buscando “garantizar que, frente a las nuevas realidades tecnológicas, económicas y ambientales, Pemex pueda incrementar substancialmente sus niveles de producción de petróleo, gas, derivados y refinados, así como participar en la exploración de nuevas reservas que garanticen el futuro de la paraestatal y los recursos energéticos en beneficio de las generaciones futuras de mexicanos”.
La propuesta, se afirma, busca dotar a Pemex de mayor autonomía de gestión; busca fortalecerla, sin privatizarla, dejando intactos los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica. Libera el régimen de deuda para otorgar mayor flexibilidad, concede autonomía en el manejo del presupuesto y establece la facultad de la paraestatal para emitir los denominados “bonos ciudadanos”.
En el documento, donde se propone que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la materia, se establece “que existen cuatro áreas en las que se deberá trabajar para mantener la plataforma de producción en el mediano plazo: a) exploración y desarrollo de recursos prospectivos en las cuencas del sureste; b) explotación de los campos abandonados ; c) desarrollo del paleocanal de Chicontepec y c) exploración y desarrollo de las aguas profundas del Golfo de México.
Lo anterior, debido a que la industria petrolera enfrenta el reto de compensar la caída en la producción de crudo que se presenta desde 2005. La producción máxima de Pemex se alcanzó en 2004 con 3,383 millones de barriles diarios, estimándose que en 2012 la producción de las cinco cuencas principales de extracción –Cantarell, KuMaloob–Zaap, Samaría Luna, Marina Suroeste y Bellota Jujo– que aportan el 92 por ciento de la producción total de la producción de crudo actual. Por lo cual, es necesario que México diversifique su estrategia en materia de exploración y producción.
Se reconoce también que a pesar de ser un país con excedentes de petróleo crudo, México tiene actualmente balanzas deficitarias entre sus producciones y consumos internos de gasolinas, gas natural, gas LP y petroquímicos. En la actualidad, cuatro de cada diez litros de gasolina se importa, sustituir las importaciones por producción nacional implica construir nuevas refinería. Lo anterior demanda un cambio integral en el marco que regula su actuación. En primer lugar implica permitir a la empresa aprovechar de manera más eficiente el apoyo de terceros, dándole la oportunidad de diseñar mecanismos de colaboración que propicien el mejor desempeño posible de las empresas participantes, dando certidumbre jurídica a los participantes.
Las consideraciones anteriores terminan en una propuesta para reformar la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero.
Muchas preguntas surgen para el debate, que trataremos de abordar en otras entregas, la primera por lo que a mi respecta, sería discutir el hecho mismo que supone que el principal desafío de Pemex es aumentar la producción para compensar la caída de extracción de crudo que se da desde 2005.
