Hace unos días, el jueves 3 de abril, fuimos invitados a participar en una reunión que se llevó a cabo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), allá en la ciudad de México. Fuimos convocados por la Quinta Visitaduría General, y el motivo principal era compartir con las y los asistentes el Programa contra la Trata de Personas 2008–2009 que la Comisión Nacional está desarrollando, y abrir posibilidades de acciones conjuntas entre esa Visitaduría y las organizaciones sociales y civiles.
En esta reunión, la segunda de una serie que la CNDH ha organizado, participamos, además del Centro Fray Julián Garcés, la Casa de las Mercedes IAP, la Fundación Dar y Amar (DAYA), la Fundación Nacional para los Niños Robados IAP, Red Familia y un representante de USAID/PROTEJA.
Algo interesante de esa reunión, además de haber compartido lo que cada una de las organizaciones ha venido trabajando durante los últimos años en combate a la trata de personas en el país, fue, en este marco del Programa contra la Trata, que la misma Comisión llevará a cabo una serie de foros regionales, nacionales y hasta internacionales para profundizar sobre la legislación nacional sobre trata, y las acciones que en cada lugar se están emprendiendo para combatir el problema.
Entre los foros regionales, el primero se realizará próximamente en Sinaloa, después otro en Zacatecas, uno más en Yucatán, otro en Jalisco, y otro, por supuesto, en Tlaxcala.
Pero lo que destacamos más importante en esa reunión es que todas y todos los que participamos, incluyendo a los funcionarios de la Quinta Visitaduría de la CNDH, tienen a Tlaxcala como uno de los sitios más gravemente afectados por la trata de personas, principalmente de mujeres y niñas para la prostitución. Incluso dos de las organizaciones presentes –Red Familias y la Fundación Nacional para los Niños Robados– hicieron explícita su preocupación por las dimensiones alarmantes que ellos saben, desde su experiencia de trabajo concreta, del problema que tiene nuestro estado, y se mostraron sorprendidos porque las autoridades no hubieran actuado aún de manera contundente. Pero esto, desgraciadamente, no es sorpresa.
Desde hace ya varios años, el Centro Fray Julián Garcés y más de 30 organizaciones de la sociedad civil en el estado hemos investigado, denunciado y hecho propuestas tanto legislativas como de políticas públicas en torno a la trata en el estado, sin que a la fecha se haya mostrado un interés decidido por parte de las autoridades para prevenir y enfrentar el problema. Lo que ciudadanas y ciudadanos en Tlaxcala sí logramos, claro, y lo repetiremos hasta el cansancio, es que la trata fuera tipificada como delito y delito grave en 2007. Y lo que sigue, pues, es la actuación en consecuencia por parte de las autoridades competentes.
Otra más, el 27 de marzo de este año se publicó en la página de Internet de Marea Informativa (www.mareainformativa.com) una noticia informando que personas de la ciudad de Orizaba se quejaron ante las autoridades municipales por permitir que “bandas de explotación sexual de Puebla y Tlaxcala” operaran en esa ciudad. Denunciaron la presencia de “menores de edad que prestan sus servicios en las calles de esta ciudad sin ningún tipo de regulación y, sobre todo, a manos de presuntas células de una red de explotación sexual que opera en Puebla y Tlaxcala… que incluso a nivel nacional a internacional (sic) son reconocidos como la sede de las redes de explotación sexual”. Hasta ahí la nota periodística.
Así pues, fundaciones y organizaciones de alcance nacional, ciudadanos y ciudadanas de otros estados, como Veracruz, se preocupan y se molestan por los alcances y los trabajos de los tratantes de Tlaxcala.
Y aquí, ¡por fin!, una diputada, Ana Lilia Rivera Rivera, plantea que las y los diputados deberán retomar “las recientes reformas al Código Penal en materia de trata de personas pues… lamentó que a la fecha prevalece esta problemática (El Sol de Tlaxcala, 7 de abril de 2008) Y con más gusto gritamos: ¡Por fin!, un funcionario del gobierno del estado de Tlaxcala, el subprocurador de Justicia, Arturo Rojas Díaz, reconoce la existencia real del problema al afirmar que sólo en 45 días (lo que en ese momento llevaba de haber asumido el cargo), habían recibido ya siete denuncias por trata de mujeres (Síntesis, 31 de marzo de 2008)
Ojalá, pues, que estas sean buenas noticias. Ojalá que estas declaraciones sean un indicio de que el problema está comenzándose a tomar en serio en el estado. Ojalá que no se nos olvide que, por ser delito grave, la trata debe perseguirse de oficio. Ojalá que esto baste para que las demás dependencias del Ejecutivo comiencen a pensar, en lo que les compete, en el establecimiento de acciones de prevención y erradicación del problema. Ojalá que no sean necesarias más quejas, más sorpresas y corajes en otros estados, para que en el nuestro hagamos algo contundente en contra de la trata.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
