Ante el inminente fallo en contra del ayuntamiento de Puebla, la Tesorería municipal ya analiza la cancelación de algunos programas municipales y la venta de algunos predios, con lo que espera obtener 50 millones de pesos para saldar la deuda con la constructora Desarrollo Iberoamericano (DISA) por la construcción del tramo B del distribuidor Juárez–Serdán.
También se está estudiando la cantidad de recursos de participaciones federales que recibirá este año la Comuna, pues además de estar etiquetado para obra pública y programas de desarrollo, la ley considera que ese dinero se puede ocupar para el pago de obligaciones financieras.
El titular de esa dependencia, Javier Ramírez Carranza, sostuvo que los programas que podrían ser recortados no serán de alto impacto social ni de obra pública prioritaria. “Ahora en caja no tenemos recursos para distraerlos directamente para el pago de un adeudo extraordinario que llegara a presentarse; tendríamos que ver cómo vamos a responder porque una sentencia judicial se tiene que cumplir; sin embargo, el esquema del cómo es lo que estamos viendo”, reiteró.
El funcionario se dijo escéptico de que la deuda final que la Comuna deberá pagarle a DISA la cantidad de 50 millones de pesos, y confió en que el tribunal federal que lleva el caso exija el pago sólo de la mitad; es decir, saldar el adeudo originalmente exigido por la empresa.
“Esta deuda viene desde el gobierno del arquitecto Paredes, de una obra que al parecer tuvo irregularidades, pero yo no tengo facultades para juzgarla; para eso están las instancias oficiales y esperaremos el fallo, que ojala sea a favor del ayuntamiento”, sostuvo.
–¿Considera la venta de predios municipales como una opción para pagar esa deuda? –se le preguntó. “Me acabas de dar una buena opción, pero hay que analizarlo bien, porque no es tan rápido enajenar bienes, hay que llegar a esquemas de negociación en caso de que sea la sentencia en contra”, respondió Ramírez.
