Los cargos penales que existen contra el edil de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, quien fue detenido por ser un presunto narcotraficante en la ciudad de Nueva York, han sido ampliamente difundidos en medios de comunicación de EU –que son dirigidos a un público de origen mexicano–, así como en la prensa del DF y de Puebla. Por eso resulta incomprensible y sospechosa la actitud de los diputados locales del PRI de querer evitar o retrasar la destitución del edil; además, rechazar una investigación en contra del presidente.
Es necesario hacer un enérgico reclamo al Poder Legislativo local, en especial al grupo parlamentario del PRI, para que cumpla con sus funciones legales de fiscalizar a los alcaldes, además de resolver conflictos que se generan, como es la ausencia de un edil por estar preso a causa de que lo acusan de vender cocaína al mayoreo.
Existen muchas dudas y sospechas relacionadas con el edil matamorense y que es fundamental que sean aclaradas. Por ejemplo, diputados del PAN le pide a la PGR que investigue al edil, pero al mismo tiempo esta dependencia no ha podido explicar cómo es posible que su delegación en Izúcar de Matamoros en los últimos meses funcionó en el inmueble que fue casa de campaña de Rubén Gil Campos.
Otras dudas son: ¿qué tanto Rubén Gil traslado sus supuestas actividades ilícitas al estado de Puebla?, ¿le dieron protección policíaca en México?, ¿está vinculado a los cárteles mexicanos del narcotráfico?, ¿usaba al Ejército de EU para traficar enervantes? Son preguntas que por el bien de la seguridad de la entidad poblana no pueden quedar sin respuesta y sin una profunda investigación judicial.
