Más allá de las declaraciones oficiales que consideran “un exceso” que a Tlaxcala se le ubique como la “mata“ del lenocinio, diversas organizaciones ven ese problema como una moderna forma de esclavitud, cuyas ganancias sólo son equiparables a las que deja el narcotráfico o la venta clandestina de armas.
Apenas a principios de marzo el gobernador Héctor Ortiz Ortiz se comprometió a erradicar ese delito –que tiene su origen principalmente en las comunidades de la zona sur de la entidad–, bajo el argumento de que le interesa mucho “que se descarte a Tlaxcala como uno de los estados que tienen mayor incidencia de este delito.
“Creemos que ha sido excesiva la mención, cuando hay otros estados que tienen un problema mucho mayor en tal sentido; sin embargo, así se tratara de una sola persona, nosotros pondríamos mucho énfasis en que eso no ocurra”, subrayó el mandatario luego de anunciar que “en próximos días” recibirá los resultados de una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) sobre este fenómeno.
La promesa de contar con un estudio sobre el lenocinio, se suma a la que hizo un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes se comprometieron a encargar a la UNICEF una “investigación a fondo” sobre la problemática.
El 1 de agosto de 2007 los senadores panistas –encabezados por Blanca Judith Díaz Delgado, presidente de la comisión parlamentaria de Equidad y Género– argumentaron que su interés en este asunto es para demostrar que el lenocinio en Tlaxcala “no es una exageración y sí un tema muy grave que requiere pronta atención”.
Incluso, Díaz Delgado adelantó que “le pondrían lana” de la Cámara Alta para investigar el problema, “porque el buen juez por su casa empieza”. Sin embargo, nada se sabe del cumplimiento de dicha promesa.
“Que yo sepa ningún panista, en tribuna ha tocado el tema en la Cámara Alta. Tampoco tengo conocimiento de que hubieren solicitado recursos del Senado para hacer la investigación, pero si lo prometieron, pues que cumplan”, sentenció la legisladora perredista tlaxcalteca Minerva Hernández Ramos.
Mucho ruido, pocas nueces
Durante los tres primeros años de la administración estatal panista, la Procuraduría General de Justicia ha recibido aproximadamente una veintena de denuncias relacionadas con el lenocinio, las cuales han permitido el encarcelamiento de al menos una decena de delincuentes dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual.
El 9 de agosto de 2005 la dependencia informó sobre la detención de el Charly y el Jimmy, dos sujetos oriundos de Quilehtla, quienes mantenían retenidas a dos mujeres –una de 20 y la otra de 15 años de edad, originarias de Cárdenas, Tabasco– en un hotel de Zacatelco y en una vecindad de Xicohtzinco, a quienes pretendían “vender” en 50 mil pesos cada una para convertilas en prostitutas.
Con motivo de esas detenciones, el procurador General de Justicia, Leopoldo Zárate Aguilar develó que la investigación continuaría pues sospechaba que ambos sujetos formaban parte de una banda de lenones, pero los avances de la indagatoria se desconocen.
Un año después, el 19 de julio de 2006, la misma dependencia dio cuenta de la aprehensión de Carlos Morales Zempoalteca y César Morales Cuautenco –originarios de Ayometla–, quienes explotaban sexualmente a una menor de edad en un bar de Santa Ana Chiautempan.
Datos extraoficiles indican que los dos sujetos formarían parte de la banda conocida como Los Cuautencos, dedicada desde hace años al lenocinio.
En agosto de 2006, el mismo Zárate Aguilar informó que, además de los sujetos antes referidos, también se encontraban tras las rejas un matrimonio de originario de Contla de Juan Cuamatzi, un hombre de Tenancingo y otro de Chiautempan, acusados de explotar sexualmente a varias mujeres.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó el 9 de agosto de 2007 sobre la detención de el Poncho y el Jorge, quienes explotaban a tres mujeres –una de ellas menor de edad– originarias del estado de Chiapas y quienes permanecían privadas de su libertad en un departamento de la unidad habitacional Santa Inés, en el municipio de Zacatelco.
El número de detenidos por este delito representa prácticamente nada, sobre todo si se toma en cuenta que –según datos del Centro Fray Julián Garcés– tan sólo en el municipio de Tenancingo existen aproximadamente mil lenones que operan con total impunidad, ante la complicidad de las autoridades civiles y católicas del lugar.
Una evidencia de la impunidad con que se mueven los lenones, es el anuncio publicado en la página 4 del periódico El Sol de Tlaxcala de fecha 10 de marzo de este año. En la última columna del lado derecho, tercera fila, se lee: “Gran oportunidad traspaso negocio. Casa de citas en la ciudad de Puebla en la mejor zona ¡ubicadísima! Negocio seguro ¡Anímate! Lo que inviertas lo recuperas pronto. Interesados (llamar al número) 045 22 22 01 20 62”.
Secreto a voces
Contrario a quienes quieren ocultar ese delito, Tlaxcala sí enfrenta graves problemas de trata de personas con fines de explotación sexual, tal como lo advirtió en mayo de 2007 José Nemesio Lugo Félix, funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien ese mes fue asesinado en la ciudad de México, cuando se dirigía a sus oficinas.
En declaraciones a La Jornada, días antes de morir, el funcionario develó que Tlaxcala se encuentra entre los principales estados de la República con graves problemas de lenocinio, por lo que la PGR investiga a 47 bandas dedicadas a ese ilícito, además de pornografía infantil y prostitución.
La percepción del extinto funcionario, coincide con la que tiene el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), según el cual Tlaxcala se encuentra entre los ocho estados de la República con mayor incidencia en trata de mujeres con fines de explotación sexual. Las otras entidades son Baja California, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
En febrero de 2005, las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, informaron que “en el estado de Tlaxcala se han presentado varios casos de trata de mujeres para la prostitución”, cuyos casos han servido para analizar “el funcionamiento de las redes que sustentan y fomentan la trata, los vínculos con las autoridades, su relación con el tráfico de armas, así como las características específicas que toma esta actividad en diferentes comunidades de la entidad”.
“La situación de ilegalidad que envuelve esta actividad, así como los estigmas que existen a su alrededor invisibilizan la discriminación de la cual es objeto la mujer. La trata para la prostitución implica una forma contemporánea de esclavitud y vulnera además del derecho a vivir libres de violencia, el derecho a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al desarrollo sano y a la no esclavitud.
“La trata, como una actividad de compra–venta de placer sexual, implica una transacción comercial que no está exenta de intereses de terceras personas. No es un acto individual, ya que esconde a varios actores de una industria amplia y trasnacional que se traduce en delincuencia organizada”, coincidieron en señalar esas ONG.
Aun más, en un informe dado a conocer en el año 2006, la entonces relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en la pornografía, Ofelia Calcetas–Santos –dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas– advirtió sobre el incremento de esta problemática en la ciudad de México desde 1994, “en particular de niñas procedentes de estados que no son el Distrito Federal, como Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, entre otros”.
En el informe sobre su misión a México, señaló que “existe una población (Tenancingo) en el estado de Tlaxcala, que obtiene importantes recursos de la explotación de niñas. Cuenta con redes familiares de prostitución de niñas, adolescentes y adultas, que funciona a través de varones, jefes de familia o jóvenes, que obligan a las muchachas o las engañan”.
Por su parte, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac), Teresa Ulloa, afirmó que en México hay alrededor de medio millón de mujeres y niñas explotadas sexualmente, y que Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos, Guerrero y Michoacán son las entidades que han registrado los mayores índices de lenocinio.
También en el informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, se da cuenta de que “un número importante de mujeres menores de edad de esa población (Tenancingo) trabaja en la zona de La Merced. Se trata de una población muy cerrada que no habla al respecto.
“De hecho, al lugar se le denomina la mata de los padrotes. Es común que los hombres de esta población tengan hijos con sus explotadas, de manera que las menores de edad no se atreven a denunciarlos. En algunos casos, las chicas que viven en condiciones de extrema pobreza, incluso de 8 años de edad, son engañadas junto con sus padres, para ser traídas de provincia e insertadas en las redes de explotación sexual”.
