La transferencia de los contaminantes residuales de la producción industrial de los países desarrollados hacia las naciones más pobres, se ha vuelto una práctica cotidiana en este mundo globalizado. Cada día son más las empresas extranjeras (principalmente españolas y norteamericanas: Befesa, Tecmed, Tae, RimsaVeolia, Confinam, Cegire, Vivendi, entre otras) que mediante engaños y la corrupción de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno llegan a los municipios más pobres de México para proponer maravillosos proyectos de “reciclaje de basura” que generarían ganancias económicas para la hacienda municipal, además de crear empleos para la comunidad y contribuir al “saneamiento del medio ambiente”.
El paso del tiempo revela que esos nobles y desinteresados fines esconden otros completamente opuestos: alejar los desechos peligrosos de las ciudades industrializadas que los produjeron hacia áreas rurales pobres, obteniendo grandes ganancias a través de este desplazamiento del riesgo y además adornarse con la aureola de “empresa ecológica”, “empresa protectora o respetuosa del ambiente” o incluso “empresa sustentable”, para ponerse fuera de toda sospecha de sus verdaderas actividades.
El caso del confinamiento de residuos peligrosos (eufemísticamente denominado: “Centro Integral para el Manejo de los Recursos Industriales”) que pretendía instalar la empresa Sistemas para el Desarrollo Sustentable (Befesa) en el Ejido Cuauhtémoc del municipio de Zimapán, Hidalgo, es un ejemplo ilustrativo del modus operandi de este tipo de empresas: la anterior administración municipal panista aceptó y promovió el proyecto de instalar el confinamiento cerca del pueblo de Botiña; incluso algunos miembros del cabildo fueron invitados por la empresa a viajar a España, supuestamente a visitar sus instalaciones allá, y por supuesto, regresaron muy convencidos de las bondades del proyecto, por lo que se otorgó el permiso de uso de suelo.
Ante la población, el proyecto se presentó como una planta de reciclaje de basura que generaría 100 empleos. Se tramitaron los permisos de Semarnat, relacionados con el impacto ambiental, e inmediatamente comenzaron a concentrar los desechos sobre el terreno, incluso antes de concretar la construcción de la planta, lo que alertó a los pobladores y ejidatarios del municipio que se organizaron y empezaron a cuestionar y a hacer públicas las anomalías, las mentiras del proyecto y sobre todo la falsedad del dictamen de impacto ambiental (fundamentalmente que sí existen mantos freáticos que pueden contaminarse, que existen fallas geológicas y que no se encuentra la distancia prescrita por la normatividad ambiental).
Comenzaron las movilizaciones ciudadanas, el gobierno estatal respondió con la represión y el encarcelamiento de cerca de 45 personas opositoras al proyecto, con la creación de un grupo de pobladores a favor del mismo para enfrentar a los primeros y con una campaña mediática culpando al grupo opositor de la posible pérdida de una inversión de 12 millones de dólares que hubieran beneficiado al municipio. A pesar de todo, los ciudadanos organizados en contra del plan lograron interponer un amparo y detener por el momento la planta.
Lo que puede seguir, también parece ser un guión escrito: ante la presión de los pobladores y la demostración del impacto ambiental negativo, las autoridades tendrán que revertir las autorizaciones y entonces, sin el menor problema, la empresa demandará al gobierno de México ante los Tribunales de Arbitraje Internacionales (que vienen como regalo dentro del TLCAN), creados ex profeso para defender los intereses de las transnacionales, donde sin ningún problema ganará el pleito y los ciudadanos mexicanos, a través de los impuestos que pagamos, le reintegraremos a la empresa su inversión incrementada con creces.
Esta moderna estrategia neoliberal de “invertir a la segura”, se ha revelado exitosamente en casos similares: el confinamiento de Guadalcazar, San Luis Potosí y el de Ramos Arizpe, Sonora, en los que el pueblo mexicano fue condenado a pagar indemnizaciones millonarias por “haber perjudicado la generosa inversión de las empresas”.
Ante este tipo de estrategias, favorecidas por las redes de corrupción de numerosos funcionarios públicos y del medio ambiente, así como por una legislación laxa en materia ambiental, nos hace doblemente vulnerables ante la voracidad de las transnacionales que una vez más vienen a querer vendernos espejismos a cambio de lo que queda de nuestro medio ambiente todavía no tan contaminado, cubiertos con la piel de cordero de la ecología y del cuidado del entorno. Ante este panorama, no podemos contar con un Estado que proteja nuestros intereses, porque es un Estado empresarial que está del lado de las transnacionales; sólo la organización y la movilización ciudadana pueden lograr detener este tipo de proyectos que, fructifiquen o no, representan una ganancia neta para las empresas que los impulsan.
