Seis días después de que la opinión pública local supo que el aún presidente municipal de Izúcar de Matamoros, José Rubén Gil Campos, estaba detenido por la Agencia de Combate a las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) el gobierno que encabeza Mario Marín Torres se decidió a admitir el hecho.
El encargado de aceptar la realidad que durante casi una semana intentó ocultar la administración marinista fue nada menos que el Alto Comisionado para Asuntos del Migrante, Carlos Olamendi Torres, quien dijo que en ningún momento el Poder Ejecutivo local pretendió encubrir al edil, pues su conducta se sometió a los deseos de la cónyuge del indiciado, quién solicitó al gobierno no dar a conocer a los medios informativos datos sobre la situación legal de Gil Campos.
Empero, durante una breve entrevista que concedió a varios medios informativos en Casa Aguayo, poco antes de reunirse con el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Montero Serrano, Olamendi no explicó si la intervención del gobierno estatal en el caso –mediante la presencia de éste funcionario en Estados Unidos, que fue acompañada de una serie de comunicados en el portal electrónico de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo– obedeció a una petición de los familiares del presunto narcotraficante o a una decisión de gobierno, pues en sentido estricto el asunto no es de su competencia.
Por principio de cuentas, el tema era estrictamente de índole personal –como lo declaró el propio Comisionado ayer en la entrevista–, pues tanto la esposa de Gil, Ángeles Herrera de Gil, como la administración marinista dijeron en un principio que el munícipe se encontraba en el vecino país atendiéndose un mal de salud. En segundo lugar, se trataba de un tópico de exclusiva competencia municipal, pues la eventual ausencia definitiva del alcalde es un problema que toca únicamente resolverlo al cabildo de Izúcar.
Olamendi negó de paso tener cualquier vínculo cercano con el detenido, afirmando que ni es su compadre ni su socio, como se ha venido manejando en los medios informativos.
El funcionario admitió que Gil está siendo juzgado en Estados Unidos por el delito de conspiración contra aquel país y aseveró que el gobierno estatal le está prestando la ayuda que le brindaría a cualquier otro migrante.
