Además de áreas verdes desaparecerán vialidades, un panteón, un centro vecinal, una planta de tratamiento de aguas y hasta algunos comercios existentes, todos ubicados en la zona de Angelópolis, la cual se cotiza en moneda extranjera; el precio del metro cuadrado de tierra en esa demarcación oscila en 350 dólares, como ocurre en fraccionamientos aledaños.
En 1992, cuando Mariano Piña Olaya expropió, los campesinos fueron indemnizados con el pago de 10 pesos por metro cuadrado de tierra.
Esta acción podría contravenir lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del estado de Puebla, el cual obliga a cualquier constructor inmobiliario a que el 20 por ciento de la superficie neta de cualquier desarrollo debe ser destinado para área de preservación ecológica y equipamiento urbano; es decir, escuelas, mercados, clínicas y hospitales, cementerios, entre otros.
Lo anterior significaría que de las mil 81 hectáreas que el gobierno de Mariano Piña Olaya expropió a los ejidatarios de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan y La Trinidad Chiautenco en el decreto del 4 de mayo de 1992, deberían existir al menos 200 hectáreas de áreas verdes y equipamiento.
Actualmente sólo restan como tales 12 hectáreas que ahora forman parte del llamado Jardín del Arte que, entre otras cosas, ha sido utilizado para conciertos masivos, como el realizado en febrero pasado por la empresa cigarrera Marlboro, y del cuál poco se sabe el destino de las ganancias.
Algunos empresarios ya han sido invitados por el gobierno estatal a participar en la inversión –la cual podría dejar ganancias superiores a los 2 mil millones de pesos– a través de un folleto donde se especifica el tamaño del lote y el uso que se le va a dar.
De acuerdo con una serie de copias de oficios de la dependencia facilitados a La Jornada de Oriente por un grupo de diputados locales, el 19 de octubre de 2007 el director general del Fideicomiso Público de la Reserva Terrotorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl giró el oficio FPRTQA/DG/ 512/2007 a la Sedesol en la ciudad de México informando sobre “el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Terrotorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, (RTAQ), localizada en la Zona Metropolitana de Puebla”.
La respuesta de la Sedesol federal es del arquitecto José Luis Llobera Abreu, quien funge como director general de Desarrollo Urbano y Suelo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, a través del oficio 312.223/2008 y fechado el 25 de febrero pasado.
Ahí, la Sedesol consignó que de acuerdo con el marco legal vigente es la autoridad local la que tiene competencia para la administración de los planes o programas de desarrollo urbano, administrando la zonificación que en ellos se contemple. Es decir, que el gobierno del estado puede usar la zona expropiada como causa de utilidad pública como decida, pues está regulada por el Programa Parcial de Crecimiento, que contempla a los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
“Con base en lo anterior, esta secretaría considera que los cambios de uso de suelo propuestos por el gobierno del estado de Puebla, a través del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, se enmarcan en lo previsto por los Decretos Expropiatorios que le dieron origen como reserva territorial, por lo que resulta procedente su implementación (sic), considerando que el gobierno del Estado asume plenamente los compromisos referidos en el apartado II del presente comunicado”, cita textualmente el oficio firmado por Llovera Abreu.
De este documento tienen copia Sara Topelson Fridman, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de Sedesol; Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación del estado, y Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano del estado, así como otros funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal.
Llama la atención que el oficio tiene copia para “Alma Aída Lamadrid Rodríguez, delegada de la Sedesol en el estado de Puebla”, cuando en realidad la delegada es Anahí Romero Alonso. Lamadrid Rodríguez cumple el mismo encargo en el estado de Veracruz.
Los compromisos estatales
De acuerdo con el oficio de respuesta de la Sedesol federal, el gobierno del estado se compromete a que si se le autoriza el cambio de uso de suelo de las 60 hectáreas de áreas verdes públicas, a “adquirir y destinar para Parque Metropolitano de la RTAQ, el predio Las Carmelitas con una superficie de 8.5 hectáreas, y el predio Castillotla con una superficie de 5.4 hectáreas, sumando una superficie total de 13.9 hectáreas”.
Cabe recordar que el predio de Las Carmelitas, ubicado al final de la avenida 11 Sur, en el municipio de Puebla, está controlado por Antorcha Campesina, ya que fue invadido por “paracaidistas” de esa agrupación priista.
El siguiente compromiso estatal es “desarrollar y ejecutar el denominado Proyecto de Arquitectura del paisaje para el bulevar Atlixcáyotl”. Actualmente el bulevar Atlixcáyotl no existe; está lo que se conoce como Vía Atlixcáyotl, que continúa en una autopista de cuota del mismo nombre, y es una de las vialidades más dañadas y peligrosas de la capital poblana donde han ocurrido infinidad de accidentes, debido a la mala señalética, iluminación y los baches que ahí existen.
“Que la planta de tratamiento localizada dentro de la RTAQ cumplirá con las especificaciones técnicas de superficie y operación que se requiere para este tipo de obra (impacto y riesgo ambiental)”. A la fecha no hay información disponible sobre esta planta de tratamiento.
Al final del documento se anexan los predios, su clave, el uso que tienen actualmente, el uso que se les va a dar y su tamaño. Así, los lotes LT7, LT171, SA11, SA31 y LT122, catalogados como áreas de preservación ecológica serán usados como vivienda residencial media, equipamiento urbano y comercio uso mixto. En total 6.95 hectáreas que pasarán a ser construcción, de las cuales sólo 1.7 seguirán siendo de preservación ecológica.
Los lotes SA37, SA38, SA39, SA44, SA45, SA46, SA49, SB45, SA211, SA252A y SA252B suman en total 9.72 hectáreas de áreas verdes, de las cuales 5.27 hectáreas están destinadas a convertirse en comercio de uso mixto, el resto pasará a ser área de equipamiento urbano. El documento señala que tres hectáreas actualmente pertenecen a una unidad deportiva.
La delegación Puebla de Sedesol defiende el lugar
Quien manifestó su oposición al cambio de uso de suelo fue la delegada de Desarrollo Social en Puebla, quien despachó un oficio a Sara Topelson Fridman, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de Sedesol. En ese documento de cinco cuartillas, Anahí Romero Alonso argumentó jurídicamente por qué no se debe realizar el cambio de uso de suelo de las últimas 60 hectáreas de dicha reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóalt.
A través del oficio 141.2.1.0. 0.647/2007, fechado el 16 de noviembre del año pasado, la delegación en Puebla de la Sedesol solicitó “que se revierta la resolución emitida, ya que incluso la LGAH (Ley General de Asentamientos Humanos) prevé en su artículo 53 que no surtirán efectos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de las áreas y predios que contravengan a la misma Ley”; es decir, a las áreas verdes.
Romero Alonso también solicitó a sus superiores que “la Sedesol no opine favorablemente a los cambios de uso de suelo de un área verde a uso comercial o de equipamiento”. “Que esta delegación federal de Sedesol sea considerada en su posición y planteamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre solicitudes del estado (de Puebla)”. “Que como principio se tomen en cuenta las realidades concretas de los compromisos estatales, más que planteamientos o promesas para realizarlos”, señala el documento de Romero Alonso.
En el punto ocho de su argumento, la delegada estatal señala que “sólo con el ánimo ilustrativo (…), en una consulta telefónica con vendedores de terrenos de la reserva territorial y en el área de que el gobierno del estado ofrecen en compensación, por un cambio de uso de suelo que era para parque metropolitano y que finalmente fue para equipamiento, establece que el metro cuadrado en la zona de reserva, al día de hoy esta en 4 mil 500 pesos, y en la zona donde se ubica el terreno de Las Carmelitas, con el que se pretende compensar el de la reserva, el precio por metro cuadrado es de 700 pesos”.
En el punto nueve, Romero Alonso agrega que “esta delegación federal de Sedesol externa su consternación y desánimo por los términos en que la resolución emitida; honestamente creemos que se está incumpliendo con los fines que dieron origen a la creación de esta reserva en los aspectos de cuidar el orden ecológico, ofrecer opciones preferentes a población de bajos recursos (…), esto compromete seriamente el futuro de la población y las nuevas generaciones, y podría ofrecer un elemento para que los que piensan que el presidente Felipe Calderón Hinojosa no cumple con sus propuestas de priorizar una mejor calidad de vida para los mexicanos, (…)”.
