El diputado local del PRD Melitón Lozano Pérez acusó al gobierno del estado de encubrir al edil de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil, al negarse a investigar u ofrecer información certera sobre su paradero. Aseveró que de confirmarse la detención del también empresario migrante es causa suficiente para su destitución y el Congreso del estado estaría facultado para atraer el caso y designar al alcalde sustituto.
Asimismo, indicó que el edil sólo tenía licencia para ausentarse por dos días, los cuales vencieron el pasado miércoles, por lo que ahora debe presentarse a solicitar una ampliación o enviar un escrito donde justifique su ausencia, pero ninguno se ha cumplido.
Por lo mientras, la Comisión Permanente del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para que la Comisión de Gobernación solicite al consulado de México en Los Ángeles California y a la Secretaría de Relaciones Exteriores investigar la situación en que se encuentra Rubén Gil, a fin de tener certeza de su paradero y su condición jurídica.
“Hay una falta de información precisa que corresponde al gobierno del estado darla, parece que (el edil) está desparecido y no hay posibilidad de que el mismo gobierno haga una llamada para conocer la situación, es un encubrimiento de la instancia gubernamental”, puntualizó el legislador del PRD, quien fungió como ex alcalde de Izúcar de Matamoros.
Ahondó que hasta el momento Rubén Gil no ha justificado su ausencia y resulta “poco creíble que la Secretaría de Gobernación diga que va Carlos Olmandi (alto comisionado para la Atención del Migrante Poblano) a investigar sobre eso”.
En entrevista, refirió que si la tesis por la ausencia de Rubén Gil son motivos de salud sólo basta con que presente una constancia del hospital donde se encuentra hospitalizado para justificarlo, pero si se confirma que está detenido, entonces, procede a su destitución inmediata, según la Ley Orgánica Municipal, y el Congreso debe atraer el caso para designar al sucesor.
La ley, abundó, establece que ante una falta absoluta cometida por un munícipe su suplente entrará en funciones, pero el Congreso debe analizar si el suplente cuenta con el perfil y está en condiciones.
El artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal, argumentó, plantea que los ediles podrán ser suspendidos o revocar su mandato en caso de que exista una “incapacidad legal declarada por autoridad competente” y “por existir en su contra proceso por delito intencional calificado como grave. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria”.
“El encubrimiento, el sospechosísimo de este caso deja a la población de Izúcar (de Matamoros) en una zozobra, incertidumbre. Puede darse la ingobernabilidad porque no se sabe quién puede ocupar el cargo… por eso ante una ausencia absoluta, ahí el Congreso debe tomar cartas en el asunto”, manifestó el legislador del PRD.
Por otra parte, en la sesión de la Comisión Permanente, efectuada ayer, la juez Margarita Gayoso Ponce tomó protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, en sustitución de Humberto Rosales Bretón, quien dejó el cargo para arribar a la PGR.
