La detención en Estados Unidos del alcalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, acusado de haber traficado con cocaína en las calles de Nueva York muestra una vez más el deterioro que al sistema democrático y de partidos ha provocado la combinación de política con el poder económico.
Una tendencia creciente, que se manifiesta en todas las fuerzas políticas y en todas las regiones del país, es la de postular como candidatos a puestos de elección popular a personajes que ante todo demuestran tener solvencia económica para financiar campañas electorales. O bien, que pueden reunir a personas que aporten dinero a favor de actividades proselitistas. Por lo general se busca a personajes con poder monetario, sin importar que tengan antecedentes negativos.
Este vicio de la política lleva a que muchos personajes lleguen a cargos públicos con la visión de que deben recuperar el dinero invertido en campañas y vean a la administración pública como un negocio, no como la posibilidad de gobernar bien a una comunidad.
Dicha situación permite que además lleguen a gobernantes figuras del crimen organizado o que servidores públicos estén sometidos a estructuras delictivas.
Ante este escenario, es fundamental seguir avanzando en una legislación que posibilite la realización de campañas electorales en donde priven el debate, las propuestas y la fama pública de los políticos por encima del poder económico que se expresa en la compra de propaganda o de la conciencia de los electores.
