Tal como ocurre desde 2006, la presencia del empresario Rubén Gil Campos en el sur del estado es una papa caliente para el Partido Revolucionario Institucional y ciertos funcionarios del gobierno del estado. De manera inexplicable este hombre ha recibido protección oficial y, sobre todo, cobijo político para que se solapen sus abusos, presuntos actos delictivos y hechos violentos, pero además hubo un apoyo especial para convertirlo a cualquier costo en presidente municipal de Izúcar de Matamoros.
Una muestra de lo anterior es el respaldo que dicho empresario ha recibido de Carlos Olamendi, el comisionado para atención de los migrantes del gobierno del estado, quien sin ningún rubor varias veces estuvo en Izúcar de Matamoros apoyando a Gil en su campaña electoral. Incluso se dice que el funcionario gubernamental acompañó a Rubén Gil en su último viaje a Estados Unidos, en el cual fue detenido por autoridades de Los Ángeles, California.
No solamente se puede cuestionar que Olamendi, quien siendo servidor público, estuvo participando en una campaña electoral, sino que apareció con Rubén Gil en la formación del llamado Fondo 5 de Mayo, una empresa de migrantes dedicada a la comercialización de productos agropecuarios de la Mixteca.
Lo oscuro del Fondo 5 de Mayo es que dicha compañía apareció asentada en unas instalaciones de dos hectáreas, que tiene seis naves industriales y que hace unos años el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros entregó en comodato a una maquiladora de origen oriental que acabó quebrada. Los bienes siguieron siendo propiedad municipal, y el caso es que el año pasado, sin que nadie pudiera explicar lo ocurrido, Rubén Gil apareció ostentándose como el propietario.
Se supone que las naves son un bien público de la Comuna de Izúcar, pero en una carta que en una ocasión le envió Gil a este columnista sostuvo que él es el dueño. Ahí celebró los 15 años de uno de sus hijos. Nadie ha podido informar o justificar en qué momento se le entregó ese bien, bajo qué concepto legal y por qué ni el cabildo matamorense ni el Congreso local tuvieron conocimiento de dicho asunto.
Rubén Gil siempre está rodeado de por lo menos cuatro guardaespaldas. Es un hombre que parece tener una doble personalidad. Lo mismo se presenta como un personaje carismático e identificado con el sentir de la gente pobre de Izúcar de Matamoros, que lo mismo inspira temor, y por eso mucha gente le tiene miedo y prefiere alejarse de él. Cuando La Jornada de Oriente preguntó a varios personajes de ese municipio acerca de que el edil había sido detenido, la respuesta fue que ya había trascendido esa versión, pero preferían mejor no comentar nada.
Cuando Gil inició sus actividades para promoverse como candidato del PRI a alcalde, en ese partido fue rechazado por su mala fama. Por eso se pasó a las filas del Panal. De última hora un orden “superior” dio la instrucción en el tricolor de que le dieran la postulación, lo que finalmente sucedió y dejó plantado a las dirigentes del Partido Nueva Alianza. Su campaña estuvo llena de dispendios y contó con la animadversión de grupos priistas, entre ellos el del ex edil y actual subsecretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Vega Rayet.
Meses antes de que fuera candidato, el nombre de este polémico empresario apareció en algunos diarios de circulación nacional por haber sido detenido con un arsenal, luego de salir del aeropuerto Benito Juárez, de la ciudad de México. Lo acompañaba uno de sus guardaespaldas que es ex militar.
Al final lo liberó la Procuraduría General de la República (PGR), supuestamente porque acreditó tener licencia de portación de armas y por presentar credenciales de la Policía Judicial de Puebla.
Para ello emitido la PGR un documento en el que lo “exoneraba”, un término incorrecto, ya que nunca fue castigado ni acusado ante un juez como para que lo hubieran perdonado de algo.
Lo que no se dijo es que llevaba dos pistolas que son de uso exclusivo del Ejército, al ser de calibre 9 milímetros, que no pueden estar en posesión de un civil, aunque tenga permiso de portación de armas. Y nunca se aclaró por qué Gil tenía “charolas” de la Policía Judicial del estado, ya que nunca ha pertenecido a esa corporación policíaca.
Eso hecho hace suponer que algún funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Puebla le dio protección para evitar que la PGR lo consignara ante un juez federal, y que además se indagara la razón por la cual tenía el arsenal.
Algunos ciudadanos de Izúcar de Matamoros han intentado obtener en la PGR el expediente de esa detención, pero sostienen que no se permite el acceso a esa información.
Ahí no termina todo. Nadie ha podido justificar por qué la delegación de la PGR en Izúcar de Matamoros está ubicada en un inmueble que es propiedad de Rubén Gil, el cual fue su casa de campaña, y la entrada al mismo siempre está vigilada por sus guardaespaldas.
Desde mucho antes de que Gil Campos fuera siquiera candidato a presidente municipal era notorio que lo protegía la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, cuyos jefes de esa corporación aparecían siempre como invitados en las fiestas privadas del empresario.
Cuando se estaba en la campaña electoral un colega reportero fue a cubrir un evento que Gil realizó con empresarios de la región. El periodista se percató de que el acto estaba siendo vigilado por agentes de la Policía Municipal, lo cual era un acto ilegal, ya que se trataba de una reunión con fines electorales.
El redactor sacó una cámara digital y empezó a fotografiar a los uniformados. De eso se dieron cuenta los guaruras del entonces candidato priista y lo amenazaron, además de llevarlo con Gil. Este último, conminó al periodista a que borrara las imágenes captadas.
El colega solamente eliminó una parte del material. Cuando abandonaba el acto, a su terminación, un par de sujetos se acercaron y los golpearon, además de quitarle la cámara.
Como consecuencia de la agresión, el periodista presentó una demanda penal, misma que duerme el sueño de los justos, o mejor dicho de lo injusto.
Dicha historia pinta la forma de ser del edil de Izúcar de Matamoros.
