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Miércoles, 26 de marzo de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Suplementos
 
 
MEDIEROS
desde los comunicadores
 

El financiamiento de los medios, otra asignatura pendiente

 

 
Lilia Vélez Iglesias

 

La aprobación de un nuevo marco jurídico de los medios de comunicación en México debe pasar necesariamente por una amplia y profunda discusión sobre un tema crucial: el financiamiento de las empresas mediáticas y, por supuesto, su concepción como entidades que prestan un servicio público.

De hecho, uno de los 13 puntos que actualmente impulsa el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios es precisamente el relativo al del servicio público que los medios deben prestar y, por supuesto, al respeto a los derechos de las y los ciudadanos a una comunicación democrática.

Hay que explicar que el financiamiento de los medios y en eso coincido con Rodolfo Ruiz, miembro del Consejo Académico de la Licenciatura en Comunicación de la UIA–Puebla, es un tema fundamental para avanzar en la construcción de un sistema de comunicación más democrático en México pues en tanto no haya claridad sobre quiénes invierten en los medios, cuánto invierten y cómo y por qué lo hacen, no se podrá terminar con algunos de los viejos vicios que aún privan en algunos medios mexicanos, especialmente los del interior del país, que negocian las posturas editoriales y los contenidos informativos a cambio de los a veces jugosos presupuestos publicitarios del gobierno en turno.

En otras palabras, la nueva legislación de medios (y seguramente cambios en otras leyes como las de transparencia y acceso a la información) debe regular aspectos fundamentales como: 1) El monto y los criteriosde asignación de los recursos de entidades públicas de los tres niveles a los medios de comunicación. 2) La obligatoriedad de la transparencia en el manejo de estos recursos y en las justificaciones de la elección de uno u otro medio. 3) El tema de los subsidios, directos o indirectos.

Los dos primeros aspectos deben garantizar que nunca más los gobiernos utilicen los recursos de los contribuyentes para “premiar” medios afines o para “castigar” medios que les resultan críticos o incómodos, tal y como ahora ocurre, especialmente en los estados en donde los representantes gubernamentales firman y cancelan contratos publicitarios de manera absolutamente discrecional y en muchos casos en total opacidad.

En este sentido, es necesario discutir públicamente la conveniencia de regular los montos destinados a la publicidad gubernamental, así como la obligatoriedad de que toda aparición mediática pagada debe darse a conocer al público para evitar que la promoción gubernamental burle las actuales disposiciones y se “cuele” en forma de entrevistas o noticias. Para ejemplificar baste mirar cada noche el noticiario estelar de Televisa y observar las largas y “favorables” notas sobre la agenda del día del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, las que evidentemente son publicidad disfrazada de “noticia”.

Respecto al tema de los subsidios que sin duda puede levantar enormes controversias, hay que revisar las legislaciones internacionales, algunas de las cuáles destinan recursos públicos a subsidiar, vía publicidad u otros beneficios, medios en aras de valores democráticos tales como la pluralidad o los derechos de las minorías. No obstante, hay que aclarar que cualquier propuesta de este tipo tendría que partir de la total transparencia en la asignación de dichos apoyos y en la justificación de la existencia de los mismos.

El asunto es que es necesario impulsar un debate serio sobre este tema, pese a que son los medios los primeros que se han negado sistemáticamente a hacerlo, debido a que muchos de ellos viven de la publicidad pública sin tener ni lectores, ni audiencias de por medio.

 
 

Opacidad, sello distintivo de la SCJN

 

Jonathan Vázquez Betancourt

 

Que no se enteren, que México no sepa, que nadie tenga acceso, que el material electoral no sea sujeto al escrutinio de la revista incómoda y de los electores –aunque con su dinero se paguen las elecciones más caras del mundo (las de México)–, que nunca la revista Proceso, tan molesta tan incómoda –tanto que ha sido vetada por comunicación social de pñresidencia de la República– tenga el poder de revisar voto por voto y boleta por boleta, porque independientemente de que ya no se tenga injerencia en el resultado oficial de la contienda de 2006, poder corroborar el fraude sería un golpe más para la democracia simulada en México; así, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hacen una vez más, cómplices del delito.

Margarita Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Fernando Franco González, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, le niegan a Proceso el derecho de acceso a la información al desestimar la petición de acceso a los paquetes electorales hace tiempo efectuada por Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso.

Los ministros ignoran y hacen a un lado lo establecido en el artículo sexto constitucional  respecto a la prevalencia del “principio de máxima publicidad sobre la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal”.

Para los cinco magníficos de la opacidad la develación del contenido de las boletas electorales no tiene fines informativos, sino políticos. Fernando Franco González Salas, ministro que votó en contra del amparo, argumentó: “Yo no veo cómo puede ser diferente la solicitud de información de todas las casillas en los 300 distritos, si no es para contrastarla con lo que oficialmente se dio a conocer”, o sea, que no encuentra razonable la duda de un periodista y de cientos de miles de mexicanos sobre un proceso electoral caracterizado por el desaseo, el  delito, y probablemente el fraude, no, para qué la quieren, qué tal si finalmente descubren que es mentira lo que el TEPJF ya declaró como válido – la presidencia para Calderón–, qué tal si se revela que en efecto AMLO tuvo razón en decir “que se vayan al diablo con sus instituciones”, porque son esas las instituciones que han puesto en jaque la vida política y democrática de México y hoy, una vez más, se acuestan con la mediocridad y le niegan a México el inalienable derecho de saber, al fin, el silencio de la sociedad y la candidez del resto de los medios –electrónicos e impresos,  acostumbrados a mentir, la mayoría–, lograrán que la cosa  pase al olvido y que en México nadie se entere de nada. Una vez más.

Al diablo con esa institución en la trabaja el servidor público mejor pagado del mundo: Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien devenga un salario anual de 3 millones 709 mil 521 pesos, eso para que en 2 horas con 20 minutos le diga a México que no, porque yo y otros cuatro ministros magníficos millonarios como yo, decimos que no, que no tienen derecho de saber; que está bien vivir en la opacidad.

Aun falta la resolución sobre el amparo que promovió Serio Aguayo, reconocido investigador del Colmex, (también relativo a la exposición de la información electoral). Pocas son las esperanzas que se pueden tener en la SCJN, institución  que han exonerado a Mario Marín por violar las garantías individuales de  Lydia Cacho, Institución que ha negado el acceso a la información pública, porque así es mejor, porque es la opacidad el espacio preferido del delito, del fraude, del engaño y de la corrupción, porque es la opacidad el sello distintivo de la Suprema Corte de Justicia.

 
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