Pese a que la privación de la libertad a la que fueron sometidos la cónyuge y dos vástagos del munícipe, fue constatada por los medios de información, la Secretaría de Gobernación mantuvo la postura que asumió desde que la crisis estalló en Nicolás Bravo el pasado lunes: reiteró que en ningún momento Muñoz Romero y sus parientes estuvieron retenidos.
De hecho, la Dirección de Comunicación Social de la dependencia responsable de la política doméstica en la entidad aseguró que tanto el alcalde como su esposa permanecieron al lado de los campesinos inconformes “por su propia voluntad”.
La inconformidad priva en Nicolás Bravo debido a que el anterior presidente municipal, Pedro Tepole, antes de concluir su gestión optó por beneficiar a una sociedad de nueve integrantes, todos familiares de él, con el comodato por 15 años del vivero municipal.
El nuevo presidente, José Muñoz, dijo que ha estado efectuando gestiones, pero la cesión en comodato se hizo conforme a derecho, y es por ello que se ha complicado el asunto, por lo que la población cree que no se ha realizado ninguna acción para recuperar el vivero que desde su creación en 1993 se ha administrado por parte del ayuntamiento.
José Muñoz fue retenido la mañana del lunes por casi 100 habitantes que se hicieron presentes en el vivero ubicado a unos 10 kilómetros de la comunidad, en terrenos que son municipales, lugar donde se le obligó a pernoctar con el objetivo de presionar para que autoridades estatales dieran una respuesta a sus exigencias.
Fue la mañana de ayer cuando el delegado de gobernación en la zona, Joaquín Mexicano Michimani, se hizo presente y sugirió el viaje a la capital del estado para iniciar un diálogo con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sema), Francisco Castillo Montemayor, propuesta que al inicio fue rechazada, pero finalmente se aceptó con la condición de que el funcionario estatal dejara su camioneta en el lugar.
Precisamente cuando se acordó esa medida llegó al sitio la esposa del alcalde, Martiana Ginés, quien llevaba alimentos a su esposo, presencia que se aprovechó para obligarla a quedarse en el vivero junto con sus dos hijos, a fin de garantizar el regreso del alcalde con una solución.
Martiana Ginés pidió la intervención del gobierno del estado para solucionar el conflicto, y aseguró que el trato de los pobladores hacia ella y su familia fue de amabilidad.
Los inconformes advirtieron que no van a permitir el despojo de un bien municipal porque el vivero es para un beneficio comunitario y no para que unos cuantos lo aprovechen valiéndose de las circunstancias que los llevaron a ocupar el poder durante el trienio pasado.
Primos, sobrinos, cuñados y otros familiares del ex edil Pedro Tepole son los únicos que se beneficiarán con los recursos que llegan de la Sema y otra dependencias para el vivero, lo cual ha generado el descontento común y la indignación de los pobladores que incluso amenazaron con tomar la carretera en caso de que se niegue la devolución de ese espacio al municipio.
Al cierre de esta edición el delegado de Gobernación, Joaquín Michimani, informó que se logró el acuerdo para que hoy inicie un diálogo de todas las partes involucradas incluyendo a quienes tienen el comodato del vivero, con lo cual los inconformes accedieron a permitir la salida de la familia del edil.
La reunión se verificará a las 10 de la mañana en la sede de la Presidencia Municipal, según informó la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación por la noche.
Los pobladores mantienen su decisión de recuperar el vivero, pero el delegado de la dependencia encargada en vislumbra como “difícil” dar marcha atrás al comodato.
El 10 de agosto del año pasado La Jornada de Oriente publicó un reporte de fuentes oficiales que manifestaron que la madera clandestina obtenida de la Sierra Negra podría estar almacenada en 15 bodegas ubicadas en los municipios de Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, algunas de las cuales pertenecían al entonces presidente municipal del primer lugar, Juan Romero Huerta, a Jerónimo Hernández, Celiseo Domínguez, y a las familias Hernández Huerta, Hernández Montiel, Cid Cid, Tepole y los hermanos Téllez, de Rancho Cabras, quienes tenían los permisos de aprovechamiento forestal que en realidad les servirían para cubrir la sobreexplotación de árboles. El producto es comercializado en el valle de Tehuacán, la ciudad de Puebla, Veracruz y el DF.
Dichas fuentes añadieron que Juan Romero Huerta y Pedro Tepole Hernández son socios, pues el primero “es un gran explotador de los bosques”, y el segundo le brindaría “el servicio de transporte para la mercancía ilegal.
