Entrevistado después de que el gobernador de la entidad, Mario Marín Torres, le tomara protesta, Rosales Bretón manifestó que la PGJ deberá trabajar con mayor ahínco, profesionalismo y disminuir los trámites burocráticos para que la sociedad vuelva a confiar en sus autoridades.
Dijo que por el momento no hará cambios en el personal de la procuraduría, pues pretende conocer de fondo el funcionamiento de la dependencia para después realizara las promociones o descensos que crea convenientes.
El nuevo procurador tampoco quiso comprometerse a opinar sobre los temas que dejó pendientes su antecesora en el cargo, pues manifestó que antes de brindar una declaración, comentario u opinión, buscará estar plenamente informado de los casos.
Cabe recordar que a Blanca Laura Villeda Martínez fue una de las protagonistas de la conjura que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ejecutó en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y también se le responsabiliza de no haber hecho lo suficiente para atrapar al cura pederasta Nicolás Aguilar Rivera.
El último escándalo que envolvió a Villeda fue la tortura y asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez a manos de un par de elementos de la Policía Judicial poblana, que ya fueron consignados por ambos delitos.
Durante la crisis que padeció la administración marinista, cuando se descubrió la confabulación contra la autora del libro Los demonios del Edén, Villeda Martínez fue la funcionaria estatal más agresiva en sus declaraciones sobre el caso: atacó constantemente a Cacho, asegurando que su versión de su detención y traslado por policías judiciales era una mentira.
También aseveró que la entonces fiscal especial de la PGR para esclarecer delitos en contra de mujeres, Alicia Pérez Duarte, era parcial en las investigaciones que realizaba de la conjura por ser amiga de la periodista y al final cuestionó severamente el dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, en el cual concluyó que el gobernador, la procuradora y otros servidores públicos de Puebla y Quintana Roo, efectivamente atentaron contra la informadora.
