El decreto de modificación de la Ley de Ingresos en el estado de Puebla por la llegada de unos 800 millones de pesos de recursos extraordinarios por la reforma fiscal propició un intenso debate entre las fracciones del PRI y PAN en el Congreso del estado, a raíz de la negativa de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de informar la aplicación que se dará a dicho dinero y desechar propuestas de financiamiento para ayuntamientos y mejoras en el transporte público.
La fracción del PAN denunció que la SFA, apoyada por la fracción del PRI, se negó a transparentar la aplicación que tendrán los 800 millones extraordinarios y, a lo sumo, se sabe que por ley el 20 por ciento deberá ser destinado a los municipios. Hasta ahora, afirmó el diputado local José Manuel Janeiro Fernández, nadie sabe a dónde irá a parar el 80 por ciento restante ni los criterios a utilizar para su asignación.
Durante la última sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del Congreso del estado, los legisladores panistas y priistas se trenzaron en una discusión sobre el destino de los recursos extraordinarios que habrá para la entidad poblana que dilató más de una hora. Allí lo mismo hubo reproches comunes, se acusaron de desleales y traidores, de frenar el desarrollo de Puebla, y hasta salió a relucir el escándalo que envuelve al secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, por supuestas irregularidades en la asignación de contratos de Petróleos Mexicanos.
El panista más aguerrido fue Manuel Janeiro, quien cuestionó la negativa de la SFA a transparentar la aplicación de los recursos y que los ciudadanos conozcan con exactitud a dónde se gastará ese dinero. Puntualizó que muchos ediles han sido excluidos de los beneficios de recursos extraordinarios, y preguntó: ¿Estamos a favor de decirle sí a la discrecionalidad y darle un cheque en blanco al gobernador Mario Marín Torres o decirle sí a la transparencia y al municipalismo?
Los priistas, en voz de Humberto Aguilar Viveros, Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz Romero, acusaron a los panistas de oponerse sin sentido debido a que sólo habrá modificaciones a la Ley de Ingresos y no a la de Egresos. Los legisladores se lamentaron por la pérdida de tiempo, explicaron que el dinero irá a obras de beneficio social y no habrá opacidad ni discrecionalidad, sino que se invertirán recursos conforme a la necesidad de los municipios.
Al final, el dictamen se aprobó por 28 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones. Los priistas, además, rechazaron la petición del PAN, de que al dictamen se añadiera el diario de debates para que la sociedad conociera la opacidad del gobierno.
