“Nosotros tenemos interés en dignificar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad, y eso pasa por realmente exigir a los presidentes municipales cumplir con el compromiso de elevarles los ingresos económicos”, agregó.
El panista cuestionó si puede ponerse en marcha el criterio de que a mayor índice de criminalidad en los municipios habrá más apoyo presupuestal, o dependerá de la eficiencia de los elementos; “sin embargo, la distribución de los recursos se basará en los razonamientos ordenados por la Cámara de Diputados, es decir, a mayor índice delictivo y población, más presupuesto”.
Hizo énfasis en hacer respetar la autonomía del municipio. “En ese contexto la propia Secretaría de Seguridad Pública tendrá que aplicar mano dura y hacer una recomendación enérgica a los mandos medios o directores de dicha área, porque en caso de no cumplir con su tarea deben ser cambiados, ya que en ocasiones son los que propician la corrupción”.
Velásquez Gutiérrez consideró que hace falta un análisis más profundo del por qué los índices delictivos se elevan más en determinados municipios. “Para tener un verdadero diagnóstico es indispensable valorar una situación estructural y general de las causas de la inseguridad, a fin de llevar a cabo una asignación más clara del dinero”. Destacó un punto interesante: “Realmente no existe ningún perfil jurídico y académico de los jueces conciliadores, que son quienes firman las puestas a disposición”.
Adelantó que 150 municipios del país seleccionados, entre los que están algunos de Puebla, concluyeron las negociaciones con la Secretaría de Seguridad Pública y están en el proceso final de recolección de firmas. “Así entonces, la próxima semana estarán en posibilidad de entregarle a la comisión de San Lázaro una copia de los 150 convenios”.
Dijo que habrá un seguimiento trimestral de los recursos que se darán a los municipios sobre la base de indicadores y resultados objetivos. “En la medida en que cumplan con los compromisos acordados, seguirán fluyendo los fondos. El presupuesto para conceder los 3 mil 600 millones de pesos tienen como base el número de habitantes e índices delictivos con reglas complementarias”.
Expuso que ningún municipio tiene menos de 9 millones de pesos, porque con el recurso se puede comprar el esquema mínimo que implica evaluación, capacitación, conectividad, desarrollo tecnológico para intercambio de información, equipamiento de 100 policías en términos de una patrulla por un grupo, tres armas cortas y una larga y chalecos antibalas.
Pero tampoco, sostuvo el panista, ninguno de los beneficiados tendrá más de 104 millones de pesos y ninguna entidad rebasará los 287 millones de pesos, “esto para evitar que los recursos se concentren en pocas áreas. En ese sentido, los que tienen mayores índices delictivos son el estado de México y el Distrito Federal”.
Afirmó que para adjudicar los recursos mencionados se recopiló una ficha con información municipal, “luego se resolvió cuánto dinero le correspondía a cada uno de ellos y posteriormente hubo reuniones con cada ayuntamiento para convenir los términos”.
Las alcaldías, admitió Velásquez Gutiérrez, están firmando un convenio de adhesión con metas y montos específicos. “Bajo ese contexto se tendrán entregas cada tres meses; se dará seguimiento a la aplicación del dinero y se tendrán que cumplir con los criterios de evaluación antes de la primera entrega”. Detalló que como se trata del patrimonio del ramo 36 y es un subsidio, la Secretaría de Seguridad tiene toda la posibilidad de parar las transferencias a los que no cumplan con las metas.
Finalmente, dijo que “no queremos que estos recursos a municipios se inviertan en edificios cuando los policías no tienen chalecos y armas. De ahí que se negoció la adopción de un modelo homologado de actuación en las oficinas y un compromiso para emitir diario una parte policial”.
Cabe recordar que para el año fiscal 2008, los legisladores federales aprobaron que del capital del ramo 36 de Seguridad Pública serán transferidos 3 mil 589 millones de pesos como parte de los subsidios a los ayuntamientos y al gobierno del Distrito Federal. “La idea es fortalecer el desempeño de sus funciones en esa materia con la finalidad de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, argumentaron.
Otra parte fundamental de ese pacto “es obligar a los municipios y oficinas del DF a registrar los recursos recibidos por este programa en sus respectivos presupuestos, e informar del caso a la tesorería o su equivalente de la entidad federativa correspondiente. Esto para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos”.
