Como se recordará, durante las últimas semanas, Antorcha Campesina ha acusado públicamente a Cuéllar Muñoz, director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga, de amenazar y extorsionar a un grupo de comerciantes del mercado de San Diego Manzanilla.
Cuéllar Muñoz dijo que denunció penalmente Fernando López, integrante de Antorcha Campesina por amenazas de muerte, y al dirigente estatal de esta organización, Juan Manuel Celis Aguirre, por difamación.
Durante una rueda de prensa en la que participaron los representantes de las cuatro organizaciones, Brahím Zamora, representante de Puebla de la Red Democracia y Sexualidad, dijo que es preocupante que los defensores de los derechos humanos estén amenazados de muerte por organizaciones como Antorcha Campesina y que le gobierno del estado no haga nada brindar condiciones de seguridad a los activistas. Aseguró que esto demuestra que el nivel de corrupción que se vive en la entidad.
Israel Sanpedro del Comité Pro Liberación Hermanos Cerezo, dijo que en Puebla las agresiones y amenazas de muerte contra los defensores de las garantías individuales, lamentable, no son anormales y recordó los ya conocidos casos de Martín Barrios y Lydia Cacho. Exigió al gobernador, Mario Marín Torres, exigió que intervenga para detener las agresiones de Antorcha Campesina.
Por su parte, Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos enfatizó que si ocurre algún atentado o agresión contra Cuéllar Muñoz el responsable será el gobierno del estado, ya que se permite que Antorcha Campesina agreda y amenace a Cuéllar Muñoz. Dijo que la falta de intervención de la administración de Marín Torres sólo puede ser explicada por el poder político con el que cuentan los antorchistas.
