En la última semana de febrero, Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de documentos que demuestran que el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, enfrenta un conflicto de intereses, pues empresas de su familia obtuvieron contratos de Petróleos Mexicanos cuando este panista ya era un alto servidor del gobierno federal, lo cual se trata de un acto de tráfico de influencias.
Lo que pasa con Juan Camilo Mouriño no es un hecho aislado; muestra que atrás del proyecto privatizador del sector energético existe un problema de intereses, que consiste en intentar quitarle a la nación el control de Pemex para que se beneficie un conjunto de empresas nacionales y de capital extranjero.
La campaña mediática que ha emprendido el gobierno federal, con el respaldo del PAN, de que si no se permite la entrada de capital privado a Pemex esta paraestatal perderá su capacidad productiva, no es más que una cortina de humo para conseguir contratos a favor de compañías como las de la familia del secretario de Gobernación.
Esa es la razón de fondo que existe en el debate que se ha desatado en contra de los intentos privatizadores de Pemex. Por eso resulta loable la posición que ayer expresó la ex senadora Dulce María Sauri en contra de entregar Petróleos Mexicanos a manos de trasnacionales.
Como parte de esa dinámica en el debate que organizó La Jornada de Oriente sobre dicho tema, ayer destacó que la gente reclamara al legislador panista Francisco Fraile García la defensa que el PAN ha hecho de los actos ilegales de Juan Camilo Mouriño, o al diputado priista Alberto Amador Leal que el PRI, renunciando a su proyecto histórico, está frenando las investigaciones en contra del secretario de Gobernación.
