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Miércoles, 6 de febrero de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Educación
 
 

 CUITLATLÁN  

La UPAEP, Aramburuzabala y Slim podrían ser los compradores de la UDLA

 
Fermín Alejandro García

Las autoridades de la UDLA han insistido hasta el cansancio que la institución no será vendida. Sin embargo, fuentes confiables y bien informadas señalan todo lo contrario, ahora más que nunca está en marcha un proceso para que esta universidad sea vendida a otra institución educativa o a un consorcio empresarial. Para ello, se ha fijado el mes de junio entrante como una fecha clave, o mejor dicho el plazo límite, para que este centro de estudios quede libre de pasivos y pueda ser ofrecido al mejor postor.

Hasta ahora parece haber tres potenciales compradores. Estos son: La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), al Grupo Modelo que encabeza María Asunción Aramburuzabala Larregui, quien es la mujer más rica de México, y al consorcio Carso, que dirige el hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú.

Se sabe que no hace mucho algunos políticos ligados con la actual elite en el poder político de Puebla, es decir la llamada “burbuja marinista”, habían estudiado la posibilidad de adquirir a la Universidad de las Américas, luego de que muchos de los hijos de la alta burocracia en la entidad están matriculados en ese lugar.

En algún momento se pensó que en la UDLA se podía reproducir un modelo similar a la Escuela Libre de Derecho de Puebla, que fundamentalmente ha sido el semillero de muchos abogados de militancia priista. Finalmente el proyecto no prosperó y se sabe que ya no existe interés de esa parte.

En el caso de la UPAEP no se sabe si ya se le ofreció la probable compra de la UDLA o si apenas se le haría la propuesta, pero trascendió que se le ha visto en el círculo cercano a la familia Jenkins, que controla al Patronato de la Universidad de las Américas, como una opción viable, pues de esa manera se podría aminorar el desconcierto que al final se generaría si se pusiera al descubierto de que sí eran reales la intención de vender a dicha institución de educación superior.

En los casos de Slim y Aramburuzabala se desconoce si habría un real interés por adquirir una universidad con múltiples conflictos, que parece estar perdiendo prestigio y competitividad frente a otros centros de educación superior de alto nivel económico que se han instalado en Puebla.

Es claro que el interés que tal vez pueda surgir en alguno de estos empresarios no es el de preocuparse por la educación superior en Puebla o el sureste mexicano, sino que se encuentra una fuente para aparentar que se invierte en una empresa social, sin fines de lucro y eso permite evadir impuesto u obtener ganancias bajo un manto de hacer un bien a la comunidad.

Volviendo a la idea con que se inició esta columna, el plazo de junio de “eliminar” los pasivos de la universidad, entendidos éstos como una carga económica negativa para la institución, se puede tener un panorama más claro de porque hace unos días se buscó eliminar o reducir la mayor cantidad posible de estudiantes becados.

A la gente que controla el Patronato de la UDLA e incluso a los posibles compradores de la misma, su cliente meta son los hijos de familias con altos ingresos económicos que puedan pagar las onerosas colegiaturas de esta universidad, sin que necesariamente demanden una alta calidad académica.

Su interés no es el alumno que llega buscando una beca para a partir de sus estudios de educación superior, en una supuesta universidad privada de prestigio, le permita tener una movilidad social que le ayude a salir del estrato socioeconómico del que procede.

Por eso, en el afán de “eliminar pasivos” se pensó en los becarios y se ha despedido a académicos y personal administrativo que era de tiempo completo, que por sus años de antigüedad generaban derechos laborales y obviamente, en un proceso de venta se les ve como una carga que dificultaría la negociación para colocar en el mercado a la UDLA.

El problema que en realidad están enfrentando los Jenkins es que carecen de operadores eficientes que puedan hacer las labores de “limpieza” sin generar conflictos. Al final nadie se creyó el cuento de que no había la intención de reducir el número de alumnos becados, sino que se buscaba hacer una reestructuración de las actividades que realizan los alumnos que pagan sus colegiaturas a cambio de trabajar en la misma universidad.

Una idea que ha privado es que la UDLA por ser una fundación no puede ser vendida, que siempre debe de fungir como una empresa social.

Eso no es correcto. Una fundación si puede ser vendida. Lo único que no puede ocurrir es que se use abiertamente para un  lucro.

Aunque en México es bien sabido que existen muchas organizaciones, fundaciones y asociaciones que supuestamente hacen actos de filantropía o de ayuda social para acabar beneficiando planes de negocios. ¿No es lo qué hace Televisa con el Teletón y con diversos acuerdos que pacta con gobiernos estatales?

De hecho se sabe que ya en alguna ocasión se pensó en vender la Fundación Jenkins –que es la que controla a la UDLA– a un consorcio que maneja hospitales de lujo, como una manera de que dicho grupo empresarial pudiera aumentar su rango de actividades e incrementar su potencial para dar servicios al estilo de los afamados nosocomios de Houston, Texas.

Lo que si es cuestionable, es que la UDLA, como otras tantas universidades no públicas, se les maneja como empresas privadas y por tanto nadie puede obtener información de cómo administran sus fondos, pese a que reciben dinero del erario.

Desde hace mucho tiempo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología empezó a dar dinero a universidades privadas para el pago de becas de académicos o a favor de los llamados posgrados de excelencia o de calidad. Por ser recursos públicos, las instituciones de educación superior deberían estar obligadas a rendir cuentas y abrir su información a la ciudadanía en general. Eso no ocurre, al contrario la mayoría de estos lugares están al margen de cualquier proceso de transparencia.

Además, como en el caso de la UDLA, lo correcto sería que si recibió fondos públicos, sin importar el monto, eso debería ser un impedimento para que se venda como cualquier negocio privado. Eso es lo que precedería desde el punto de vista ético, porque legalmente no se puede hacer nada.

En su momento tendrían que haber sido las universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Puebla, las que exigieran ciertas condiciones para que las instituciones privadas pudieran obtener financiamiento privado, pero desgraciadamente se quedaron calladas.

 
 
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