La organización anunció la víspera que en la suspensión del servicio público de transporte participarían más de 5 mil choferes, no más de 300 lo hicieron y en las horas finales de la protesta apenas quedó un piquete de conductores en el Congreso local, quienes airadamente le reclamaron a sus líderes no haber conseguido nada con la manifestación.
En los hechos, prácticamente no hubo alteraciones en el ajetreo normal de la Angelópolis, aunque los habitantes del sur de la ciudad sí resintieron la carencia de unidades de pasajeros, pues de acuerdo con datos de la Comuna de Puebla, unos 60 mil usuarios de 35 colonias se quedaron sin servicio.
El principal problema para los colonos que habitan en las diferentes demarcaciones que están a lo largo de las avenidas 11 Sur y 16 de Septiembre, pasando el Periférico Ecológico, es que sólo dos rutas –Galgos del Sur y Mayorazgo– tienen el monopolio del transporte público en esa zona.
Durante un recorrido, algunos vecinos señalaron la necesidad de que otras rutas presten el servicio por esas colonias, pues además de que los permisionarios estarían obligados a mejora sus unidades, los propios chóferes tendrían más cuidado al manejar y darían mejor trato a los pasajeros.
Durante las primeras horas de ayer, y hasta pasado el mediodía, en el sur de la capital pudieron se observados grupos de entre 15 y 25 personas esperando un microbús que los llevara, principalmente, al trabajo y la escuela.
Algunos de los entrevistados dijeron tener más de una hora esperando que un camión, pues los pocos que seguían en servicio iban repletos más allá de su capacidad.
Los operadores no lograron su cometido, pero en cambio arremetieron contra los trabajadores de los medios de información locales mediante consignas o exhibiendo pancartas en las que los acusaban de transmitir datos imparciales sobre su movimiento, y en algunos casos se perpetraron agresiones físicas en contra de los reporteros, como jaloneos y empujones.
De hecho, también hubo altercados entre los ocho dirigentes que encabezaron una marcha que principió en el Paseo Nicolás Bravo y culminó a fuera de la sede del Congreso local, pues los líderes no podían ponerse de acuerdo sobre el rumbo de la caminata, los integrantes de la comisión que los representaría ante los diputados y el pliego petitorio que les presentarían.
El diálogo entre los transportistas y los representante populares demoró tres horas aproximadamente, lapso en el que la mayor parte del contingente obstaculizó el tránsito en la avenida 5 Poniente, entre la 16 de Septiembre y la 3 Sur, amén de otras calles aledañas al edificio que ocupa el parlamento local.
Motivos del fiasco
Algunos conductores que solicitaron la gracia del anonimato por temor a represalias dijeron a esta casa editorial que el paro no prosperó debido a que la mayoría de los permisionarios le negaron apoyo al movimiento, prohibiéndoles la retención de unidades debido a que recibieron amenazas del gobierno estatal.
Otros expresaron que en realidad la protesta fue un fiasco por la mala organización de los líderes de la Coalición de Operadores Calificados Siglo XII AC, quienes sobrevaloraron su poder de convocatoria y, especialmente, se negaron a incluir en las demandas del gremio el aumento a la tarifa del pasaje.
Los choferes que sirvieron como fuente para esta nota informativa también expresaron que otra razón por la que la suspensión de trabajos no fue bien acogida entre los transportistas es que los dirigentes les prohibieron enarbolar cualquier demanda de tipo laboral durante la marcha, para que ésta “no se desvirtuara”, aunque había conductores que se pronunciaron por denunciar que la mayoría carece de los derechos mínimos de seguridad social consagrados en la Constitución.
De todas formas entre los manifestantes había un consenso general: el artículo 86 del Código de Defensa Social debe enmendarse o derogarse, ya que la veda de la garantía de libertad bajo caución por homicidio imprudencial que establece para su gremio constituye una excepción que contraviene la Carta Marga.
Respuesta consabida
Durante las conversaciones con los choferes, además de los representantes populares, participó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Gutiérrez, quien declaró que será hasta la LVII Legislatura, que entrará en funciones la próxima semana, cuando se haga el análisis sobre las demandas que ayer les fueron planteadas, aunque de entrada el aumento a la tarifa del pasaje no está considerada.
El Poder Legislativo, por su parte, emitió un boletín de prensa que se transcribe a continuación:
“Legisladores miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del estado se comprometieron con operadores del transporte público a entregar el expediente de sus peticiones y argumentos de modificación al artículo 86 del Código de Defensa Social, a los diputados miembros de la Quincuagésimo Séptima legislatura local.
“El diputado y presidente de la Comisión, Juan de Dios Bravo Jiménez, indicó que dado que no quedó tiempo para que los miembros del actual Poder Legislativo retomaran el análisis de la petición de los operadores de transporte, es que se comprometieron a fungir como enlace con los integrantes de la siguiente legislatura para hacer de su conocimiento las observaciones a la reforma legal vigente, y el sustento jurídico de dicha modificación.
“Lo anterior se determinó luego de que una comisión de ocho operadores de transporte, en representación de casi 150 trabajadores de transporte público, pidieron entrevistarse con legisladores locales para solicitarles la modificación legal al artículo que, actualmente, les impide enfrentar un proceso judicial en libertad, en los casos en que se produzca el deceso de alguna persona por accidente, y en éste se haya visto involucrada una unidad de transporte.
“El diputado Juan de Dios Bravo Jiménez reconoció que los argumentos de las afectaciones que manifestaron los operadores de transporte público deben ser considerados por quiénes formen parte del nuevo cuerpo legislativo del Estado, de modo que se respete y garantice el derecho de audiencia de los ciudadanos que se sientan agraviados en sus persona por la aplicación de alguna norma de observancia general.
“Cabe mencionar que a la reunión con operadores de transporte público asistieron los Diputados Edith Cid Palacios y José Juan Espinosa Torres, así como Rómulo Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; el sub procurador de Averiguaciones Previas, Rodolfo Igor Archundia Sierra, y el sub secretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Armando Toxqui”.
