En la LVI Legislatura local, que está por concluir, dos temas fundamentales quedaron sin ser atendidos por los diputados: no se aprobó la iniciativa de Ley Contra la Discriminación, y tampoco se modificó la forma de operar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla, la cual se ha caracterizado por ser una instancia ineficiente en contra de los abusos que cometen autoridades.
En el estado de Puebla, tal como ocurre en el resto del país, se sufre una larga lista de actos de discriminación de diferente índole, que van desde cuestiones de género, por preferencia sexual, de orden religioso, étnico, social o económico.
Esa situación cada vez dificulta más la convivencia entre diversos sectores de la población y lleva a la segregación a quienes pertenecen a minorías o no siguen algunos patrones culturales.
Dicha realidad plantea la urgente necesidad de que el tema de exclusión, la discriminación y la violación a los derechos humanos sean abordados por el Poder Legislativo para que se establezca un marco jurídico, pero sobre todo políticas públicas que impidan el crecimiento de los problemas que vedan la sana convivencia entre ciudadanos; sin embargo, el futuro es poco alentador, pues difícilmente se aprecia en los representantes populares electos la vocación de servicio que los debería distinguir, y en cambio se percibe un total interés por servir a los intereses políticos y económicos de sus partidos.
