De hecho, enfatizó que de alrededor de 48 plantas de tratamiento de aguas residuales y lagunas de oxidación que hay en la entidad, la mitad de ellas no están en operación por el desinterés o falta de recursos económicos de las autoridades municipales, de ahí que su exhortó para el próximo año es que adquieran responsabilidad en este tema.
Un aspecto importante que citó el funcionario es que con la aprobación de una nueva Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala se podría obligar a los municipios a que prevean en el cobro por la prestación del servicio de este recurso natural un porcentaje para el saneamiento de las descargas residuales como ya ocurre en algunas demarcaciones, caso específico Tlaxcala y Apizaco.
“Con los recursos que ingresen por el concepto de saneamiento de las descargas residuales, los municipios contarían con dinero para la operación de las plantas de tratamiento, pero eso implica fomentar una cultura de pago entre los usuarios”, expresó.
De acuerdo con una estimación del titular de la CGE, la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales implica una erogación de alrededor de 200 mil pesos mensuales por concento del pago de energía eléctrica y del personal responsable de la infraestructura.
Como ejemplo de la inoperancia de algunas plantas de tratamiento, sacó a colación la de Huamantla que estuvo tres años sin que se pusiera en funcionamiento para el tratamiento de las descargas residuales, a pesar de la inversión millonaria que se hizo en su momento.
Otro caso es la planta de tratamiento de Acuamanala que no opera porque la autoridad municipal no ha cumplido con la conexión de la energía eléctrica en la infraestructura.
Puntualizó que la institución a su cargo no tiene prevista una partida en su presupuesto para el año 2008 que atienda la operación de las plantas de tratamiento del estado, pues reiteró que es obligación de las autoridades municipales poner en funcionamiento la infraestructura como ocurre actualmente en Apizaco y Tlaxcala, entre otros ayuntamientos.
