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Miércoles, 19 de diciembre de 2007
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MEDIEROS
desde los comunicadores
 

La desesperada defensa de la Suprema Corte

 

 
Lilia Vélez Iglesias

La aclaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, sobre el carácter no absolutorio del dictamen del caso Cacho–Marín, así como su insistencia en que éste se basó en criterios estrictamente jurídicos, resultan un intento desesperado por frenar el desprestigio nacional e internacional que envuelve al máximo tribunal del país, tras la aprobación del dictamen.

Dicho desprestigio se incrementó con la reciente dimisión de Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal especial de la PGR para la atención de delitos cometidos contra las mujeres, quien manifestó su rechazo a la resolución de la SCJN, así como al traslado del expediente del caso Cacho–Marín a la fiscalía para la atención de delitos contra los periodistas.

La ex fiscal dijo sentirse profundamente avergonzada de pertenecer al sistema de procuración e impartición de justicia mexicano, tras la resolución emitida por la Suprema Corte y lo ocurrido con la investigación en la PGR.

La renuncia de esta funcionaria, con una trayectoria y prestigio internacionales, da al traste contra el argumento de algunos ministros del máximo tribunal del país de que la resolución no había sido popular porque las y los ciudadanos somos incapaces de entender la lógica jurídica.

El problema de los seis ministros que absolvieron, aunque ahora lo nieguen, a Marín Torres, es que cuatro de sus compañeros votaron a favor del dictamen y a la condena se sumó Pérez Duarte, una experta en Derecho, a la que no pueden descalificar con la facilidad que lo hicieron con los ciudadanos “comunes y corrientes” que los criticaron.

El discurso de Ortiz Mayagoitia, pronunciado el viernes pasado al rendir su informe, fue pues un intento tardío y desesperado de responder a la condena unánime que provocó la resolución del tribunal en la opinión pública nacional y extranjera.

Y aunque el ministro presidente argumentó que los miembros del tribunal actuaron apegados estrictamente a derecho y no con el criterios de popularidad, la sola mención del caso Cacho–Marín durante el acto pone de manifiesto la preocupación por esta reacción y por el descrédito que ella conlleva para la institución, en un país donde, de suyo, nadie cree en el sistema de justicia.

 
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