La primera nota de la sesión la dio Cutberto Cantorán, pues se retiró de la orden del día el decreto por el que se donarían 173 hectáreas a su familia en el municipio de Huehuetlán el Chico.
“Para que no se preste a malas interpretaciones y para que el apellido Cantorán no ande en boca de todos (sic), el tema será resuelto por la próxima Legislatura”, dijo. Desde la tribuna, el legislador relató con tono afligido que la familia Cantorán fundó el pueblo de Zepatla en 1843, para 1946 sus terrenos, por decreto presidencial se convirtieron en ejido y en 1987 el gobierno de Miguel de la Madrid legalizó el proceso y entregó títulos de posesión a los campesinos beneficiados con el reparto agrario.
La familia Cantorán quedo en propiedad de cuatro hectáreas. Después de 15 años de trámites ejecutados durante el gobierno de De la Madrid pidieron al gobierno del estado que les fuera reparado el daño. En 2004, el gobierno de Mario Marín compró un predio de 173 hectáreas en Huehuetlán el Chico y en 2006 mandó un decreto al Congreso para regalarlo a parientes de Cantorán.
El diputado aseguró que su “gestoría” es por “justicia” y hasta se quejó porque de las 173 hectáreas, “sólo sirven” 30, y el resto es terreno árido; además, descartó que el predio fuera a ser utilizado para un complejo turístico: “Es para que 35 familias puedan subsanar sus necesidades básicas”.
Aunque ya estaba todo arreglado para que la mayoría priista regalara el predio a la familia de su compañero de bancada, de última hora el decreto fue sacado de la orden del día. El caso Cantorán provocó molestia entre la oposición: la diputada Leticia Jasso Valencia reclamó al presidente de la Gran Comisión del Congreso, Pericles Olivares Flores, que se diera prioridad a la “donación” y no a las cuatro iniciativas de educación que quedaron pendientes.
Tras una plática con manoteos, Olivares le prometió que habrá una sesión extraordinaria para que pasen las reformas educativas, y difundió el compromiso ante el pleno, lo que fue aprovechado por el panista Víctor León para solicitar que también se discuta en enero la ley de Vivienda.
Jasso explicó que hubo renuencia de la bancada priista para modificar la ley de Educación y asentar la obligatoriedad de la educación preescolar, incluir seguridad vial y protección al medio ambiente como materias en el nivel básico, y prohibir que las estudiantes embarazadas sean expulsadas de las escuelas secundarias.
Lo que no fue
Para concluir la última sesión del periodo ordinario, los representantes de las fracciones parlamentarias ofrecieron un recuento de la LVI Legislatura. El priista Pericles Olivares aseguró que su bancada siempre buscó el consenso y nunca los acuerdos con el “solo peso mayoritario”, y luego soltó una larga lista de agradecimientos, dejando fuera de su discurso los temas que quedaron pendientes.
Eliseo Lezama, legislador del PAN, reclamó que no hubo disposición del PRI para reformar la ley del OFS, que es utilizado como “garrote político”.
Recordó que su fracción se opuso a la línea de crédito que por 3 mil millones de pesos, los diputados del tricolor le autorizaron al Ejecutivo. También que no estuvieron de acuerdo con el reemplacamiento de vehículos automotores, ya que el gobierno del estado engañó a la gente con la colocación de chips que a la fecha no funcionan y de los que no hay información precisa.
Otra crítica de la bancada panista fue que los diputados no pudieron tener información detallada de las finanzas del gobierno del estado, y que se haya dejado pendiente el proceso en contra del presidente de la Comisión de Acceso a la Información, Juan Antonio Juárez Acevedo, quien ocupa un cargo ciudadano a pesar de que fue secretario general de una asociación política nacional vinculada al PRI.
Ángeles Gómez, también diputada panista, reclamó que la mayoría priista y el Ejecutivo se negaron a modificar las reglas para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para evitar que sea colocado un amigo del gobernador en turno.
“Para Mario Marín, los derechos humanos son un tema incómodo, los derechos humanos en Puebla están en terapia intensiva”, dijo. Los tres diputados del PAN que subieron a tribuna omitieron el caso Marín–Cacho, a pesar de que ellos solicitaron juicio político.
Por su parte, el diputado perredista Rodolfo Huerta denunció que el priista Pericles Olivares no cumplió con su promesa de hacer una reforma electoral integral, pues sólo se hicieron modificaciones mínimas.
Además, restó esperanza a los diputados que confian en que Olivares citará a sesión extraordinaria en enero para que pasen las reformas educativas.
Pacto de silencio
Al final de cada Legislatura, los diputados reciben un bono cuyo monto ha sido poco claro. A decir de Olivares Flores, en esta ocasión no habrá bono y “sólo” recibirán 45 días de aguinaldo como “cualquier empleado del gobierno del estado” (sic), es decir, casi 100 mil pesos.
Sobre los bonos hay varias versiones, desde las que sugieren un pacto de silencio entre los los legisladores sin importar partido político para que no se haga público el monto, hasta las que rezan que el premio sólo será para la bancada priista.
Norma Sánchez Valencia, presidente del Comité de Administración del Congreso, señaló que no hubo disposición de Finanzas para entregar recursos suficientes para el bono que “tradicionalmente ha sido de tres meses de salario”.
La sensiblería
Por si no hay sesión en enero, los diputados se tomaron la foto del recuerdo, los más solícitos fueron los priistas que nunca subieron a tribuna ni presentaron iniciativas, quienes también demostraron que en tres años no lograron aprenderse el himno a Puebla.
La mejor representante de la sensiblería y el afán de superación personal que ayer se respiró en el Congreso fue la priista Zenorina González, presidente de la mesa directiva, que como mensaje final recitó: “No te preocupes por lo que hiciste, preocúpate por lo que vas a hacer” (sic).
