La fracción parlamentaria del PRI suprimió de la orden del día que sometió ayer al pleno del Congreso local la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo, Mario Marín, para donar 173 hectáreas en Huehuetlán el Chico a familiares del diputado tricolor y ex dirigente magisterial Cutberto Cantorán Espinosa.
Desde la tribuna del Poder Legislativo, Cantorán dijo que el punto de acuerdo fue retirado a petición suya, para evitar que su apellido fuera motivo de repudio público.
Lejos de congratularse por la decisión de los representantes populares del PRI, hay que insistir en que la iniciativa ni siquiera debió ser considerada para su análisis por la Comisión de Hacienda que elaboró el dictamen respectivo y, en todo caso, es poco digna de crédito la versión esgrimida por el legislador que sería beneficiado, pues, hasta hace unos días, muy poco parecían importarle las críticas por la intensa promoción que le dedicó a la donación. Además, no ha quedado descartada la posibilidad de que el punto sea considerado en una nueva sesión.
Puebla es un estado donde la mayoría de la población sobrevive en condiciones de miseria, donde los campesinos han cedido –por voluntad, triquiñuelas o a la fuerza– miles de hectáreas con motivos de supuesta utilidad pública y al final descubren que sus tierras son entregadas a políticos y magnates para que aumenten su hacienda particular, avalados por el poder público.
Es necesario volver a reconvenir enérgicamente a la clase política local, que ahora no sólo ejerce un talante patrimonialista sobre la cosa pública, sino que no tiene reparo en exhibir transacciones corruptas, en algunos casos ilegales, y a menudo inmorales, amparándose en el fuero que la Constitución les presta y que ese sector estira hasta convertirlo en impunidad.
