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Miércoles, 5 de diciembre de 2007
La Jornada de Oriente - Puebla - Suplementos
 
 
MEDIEROS
desde los comunicadores
 

El cuadro del dolor

 
Ana Lidya Flores

¿Cómo se siente a una semana del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Puebla? ¿Le es indiferente? ¿Apoya a una parte o a la otra? ¿Siente ganas de movilizarse y salir a gritar su indignación? ¿Tiene una sólida argumentación para avalar a los seis ministros que votaron a favor de Mario Marín? ¿Tiene un plan consistente para organizar una movilización a favor de Lydia Cacho? ¿Está deprimido? ¿Está feliz? ¿Ya somatizó el asunto y está enfermo de algo? ¿No sabe por qué el caso del góber precioso ahora se llama el caso Puebla?

Desde el pasado jueves 29 de noviembre me he encontrado con una gran cantidad de respuestas a las anteriores preguntas. Resulta que vivo en la ciudad, en el estado, que con insistencia y a lo largo de 10 días no ha dejado de estar en la agenda mediática. Puebla es sinónimo de mole de caderas, de chile poblano, de talavera, de dulces de Santa Clara, y más recientemente, de impunidad.

La resolución de los ministros ha pegado de diversas maneras en el ánimo de los que habitamos en Puebla, y por lo menos en el entorno universitario en el que me desenvuelvo, el efecto ha dejado una enorme tristeza e indignación. Estupefactos, mis compañeros y yo atestiguamos cómo los ministros votaron para proteger una causa indefendible. Al fin y al cabo, estamos hablando del abuso de menores y de una conjura para proteger los intereses de los violadores.

El efecto mediático no deja de sorprender. Vamos por partes. Gracias a las trasmisiones del canal Judicial, pudimos enterarnos, en directo, de las argumentaciones de los ministros. Recuerdo la cara de mi colega que siguió durante martes y jueves las sesiones, y el rostro desencajado con el que notificó al resto de los académicos el 6/4 con el que se exhoneró a Marín.

También es de hacer notar el rostro lúgubre con el que aparecieron a cuadro los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Con un sobrio tratamiento informativo, dieron cuenta y analizaron de acuerdo a los formatos de sus programas televisivos, el caso Puebla. Aristegui durante el jueves negro, y Loret al día siguiente, mantuvieron la línea trazada desde el pasado 14 de febrero de 2006, cuando se exhibieron las ilegales grabaciones de la conversación entre Marín, y el empresario Kamel Nacif, festejando el escarmiento a la periodista Lydia Cacho.

Contrasta con el tratamiento de El Noticiario, de Joaquín López Dóriga. El miércoles previo a la resolución de la Corte, concedió al tema 30 segundos, a las 23:06 horas, y en un bloque destinado a la información de los gobernadores. El jueves 29, el asunto fue anunciado en el teaser, y aunque tuvo el último lugar de los anuncios, la nota fue la segunda en orden de aparición. Aquí, ya no fueron 30 segundos sino dos minutos, y el caso ya no fue titulado en el texto superpuesto como góber precioso, sino como gobernador de Puebla.

Sin embargo, lo notable en el ejercicio del análisis informativo, es volver la vista a los medios que propician la retroalimentación, y en este caso, la radio informativa es un medio privilegiado. El programa vespertino–nocturno El Weso batió su propio récord de participación. Entre las 18 y las 20:30 horas del jueves, recibió 736 llamadas reprobando la actuación de los ministros. Los conductores, Enrique Hernández Alcázar y Salvador García Soto explicaron que el récord anterior lo había impuesto alguna nota relacionada con la cantante Paulina Rubio, y que el número de llamadas alcanzó un centenar y medio. La diferencia es abismal.

En este tenor, Carmen Aristegui informó en la emisión del lunes 3 de diciembre, que el periódico El Centro, editado en el Distrito Federal, pidió la colaboración de los programas de Denise Maerker, El Weso y al de la propia Aristegui para elaborar una edición especial con las llamadas más representativas. Este ejemplar circuló el sábado 1 de diciembre en el Distrito Federal.

Y aunque el acontecimiento tiene siete días en la agenda, el lunes ocupó el primer tema del programa de análisis Primer Plano, de Canal Once. De manera unánime, Lorenzo Meyer María Amparo Casar, José Antonio Crespo y Sergio Aguayo desmenuzaron la actuación de los ministros y coincidieron, desde sus antagónicas posturas, a manifestarse críticamente sobre el fallo. Lo mismo ocurrió en la mesa de análisis de ayer en Hoy por Hoy. Denise Dresser, Crespo y Meyer, se lamentaron de este país en el que una institución como la Suprema Corte de Justicia tiró por la borda la confianza anunciada en otros fallos. De los medios locales, mejor ni hablamos. Salvo unas cuantas voces críticas, queda clara la sujeción mediática al Poder Ejecutivo.

¿Y Atenco? ¿Y Oaxaca? Los analistas concluyen que estamos ante el cuadro del dolor.

 
 

Internet civilizado

Claudia Magallanes Blanco

¿Es internet un servicio al que tenemos acceso los ciudadanos, o es un derecho que nos corresponde para tener acceso a la información y al mundo cibernético actual? ¿De qué manera debemos hacer uso de este servicio? ¿Cómo debemos ejercer nuestro derecho a internet?

El debate sobre la piratería y la descarga gratuita a través del sistema peer to peer (P2P) de contendidos protegidos por derechos de autor como música, películas y videos nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra relación con la internet.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Video-gramas (Amprofon) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en Mé-xico se descargan actualmente más de 50 millones de canciones por semana de forma ilegal. Esta cifra representa un problema para la industria musical del país, la cual ha perdido unos 35 mil empleos en los últimos cinco años. Por ello la Amprofon y el IMPI han comenzado tareas para controlar las descargas ilegales de música en la ciudad de México. Como punto de partida han dirigido sus esfuerzos preventivos a los cibercafés, donde se estima que ocurren más de 17 millones de descargas ilegales. Se busca generar una cultura preventiva que genere conciencia entre los usuarios de la red sobre los daños que la piratería causa y sobre todo de que es una actividad ilegal. 

La estrategia para enfrentar la piratería en Francia es muy diferente. Recientemente el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y alrededor de cincuenta asociaciones del sector de la música y el cine así como proveedores de Internet firmaron un acuerdo para quitarles internet a las personas que reincidan en las descargas ilegales de música y películas. Este acuerdo contempla una autoridad independiente que envíe advertencias a usuarios de internet que sean detectados como infractores. Si estos usuarios reinciden en la descarga ilegal de contenidos vía la red los proveedores pueden suspender, o incluso rescindir el contrato de servicio y cortar el acceso a internet.

Para Sarkozy este acuerdo representa “un momento decisivo para el advenimiento de un internet civilizado”. ¿Civilizar el uso de internet significa entenderlo como un servicio al que los usuarios tenemos acceso bajo ciertas reglas del mercado? ¿Los castigos a infractores que descargan música, películas o video sin pagar derechos de autor deben eliminar el derecho a la información? ¿Cuáles son los riesgos de una legislación que permita eliminar el acceso a la red a ciertos usuarios? ¿Es el castigo proporcional a la falta cometida? ¿Es internet un servicio o un derecho? Si es un derecho, ¿cómo establecemos los límites que nos permitan ejercerlo “civilizadamente”?

 
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