Los ministros se pronunciaron a favor de que otras instancias judiciales den seguimiento a los actos ilícitos en que presuntamente incurrieron el gobernador de Puebla y otras autoridades de esa entidad y de Quintana Roo, en caso de comprobarse las faltas.
Desde que el Poder Legislativo Federal solicitó al máximo tribunal del país indagar las vejaciones contra la autora del libro Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, el 18 de abril de 2006, esa instancia anunció que aguardaría la determinación de la Corte para continuar con el análisis de la procedencia de desafuero contra el mandatario poblano.
Un mes antes, el 13 de marzo del mismo año, la informadora y la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática demandaron penalmente al titular del Ejecutivo local ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero las querellas emprendidas por las fiscalías especiales para la Atención a Delitos Contra Periodistas y Contra Mujeres prácticamente quedaron en suspenso, a la espera de la línea que iba a marcar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y aunque el dictamen nunca tuvo una naturaleza vinculante con otras instituciones, es decir, sólo revestía de peso moral, es de esperarse que su eliminación influya en los procedimientos pendientes contra Mario Marín.
La votación
Los ministros que votaron en contra del dictamen fueron: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Olga María Carmen Sánchez Hernández, quien prácticamente definió la suerte del titular del Ejecutivo poblano, pues en sus votaciones previas e intervenciones manifestó su aprobación al dictamen, pero a la hora de sufragar reculó y dijo que no hubo violaciones generalizadas a las garantías individuales de Lydia Cacho.
Quienes mantuvieron la postura crítica que asumieron desde el principio hasta el final de la discusión fueron: el ministro ponente Juan Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel. La sorpresa la dio José de Jesús Gudiño Pelayo, quien anteriormente expresó una postura de defensa a la causa de Mario Marín Torres, pero terminó votando a favor de que se le considerara responsable de la conjura contra la periodista.
Para el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Lydia Cacho fue objeto de “irregularidades menores” y no violaciones graves en el proceso penal en su contra, opinión que compartió la mayoría.
Ortiz Mayagoitia sostuvo que “de la llamada telefónica (entre Nacif y Marín), aun suponiéndola probada en toda su extensión, no surge un ponerse de acuerdo del titular del Poder Ejecutivo (local) con el presidente del Tribunal Superior de Justicia ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista Cacho”.
Los ministros lo secundaron y señalaron que no hay evidencia contundente de que existió conspiración de autoridades para agilizar la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Cacho por relacionarlo con redes de pederastia en su libro Los demonios del Edén.
