Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prácticamente han emitido el último resolutivo acerca de la investigación que se emprendió por la denuncia que la periodista Lydia Cacho presentó contra el jefe del Poder Ejecutivo de Puebla, Mario Marín, y un grupo de servidores públicos locales. Al final, los integrantes del máximo tribunal del país no encontraron pruebas en contra del mandatario de acuerdo al artículo 97 de la Constitución.
Es evidente que este fallo ha generado un gran beneplácito en el gobierno del estado y entre los políticos afines al mandatario Mario Marín Torres. Asimismo, existe desilusión por parte de los sectores de la sociedad que se indignaron con lo ocurrido en el caso de la periodista Lydia Cacho y supusieron que la SCJN sería la instancia que enmendaría los abusos de poder que se produjeron en contra de la también escritora.
Un hecho lamentable fue el comportamiento de algunos ministros, como Salvador Aguirre Anguiano, quien mostró una actitud socarrona, intentando descalificar la investigación de dicho asunto. Tal situación daña la imagen de la SCJN.
La resolución de los ministros, en el corto plazo, provocará dos efectos. Por un lado, permitirá que el gobierno del estado se muestre más desenvuelto para realizar sus funciones, ya que en meses anteriores parecía estar atrapado en el caso Marín–Cacho. Por otro, se agudiza la desilusión en la justicia por parte de muchos grupos sociales.
Es claro que no hay marcha atrás en el fallo de la Corte, y es deseable que esta experiencia sirva para que el gobierno de Marín reconozca los errores que se cometieron con el proceso legal de Lydia Cacho y éstos no se repitan; además, que se corrijan algunas tendencias negativas que privan en la administración pública estatal.
