La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tardó 20 meses en emitir el fallo sobre el Lydiagate y al final queda la percepción de que el máximo tribunal del país no actuó con independencia y que su comportamiento en este caso, junto con otro más que tiene en lista de espera, son resultado de negociaciones políticas y no de la estricta interpretación de las leyes. Dicho de otra manera, el Poder Judicial demostró –una vez más– que en ciertos asuntos actúa bajo consigna política.
Los constantes aplazamientos de la emisión del fallo, los choques de criterios entre los ministros y el juego con los tiempos electorales a los largo de los dos últimos años, hace suponer que la SCJN estuvo sometida a un constante forcejeo entre fuerzas políticas para que se decidiera el rumbo de la demanda que presentó la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Esas negociaciones no fueron exclusivamente sobre el Lydiagate, sino es parte del proceso que ha seguido el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para intentar legitimarse luego de que ante los ojos de millones de mexicanos su mandato es resultado de un fraude electoral. Para conseguir ese objetivo, el actual presidente de México ha necesitado del PRI, y en especial de sus gobernadores.
Es claro que quien controla los hilos en el PRI es Manlio Fabio Beltrones, junto con la presidente del partido Beatriz Paredes Rangel, quienes plantearon que el priismo no apoyaría los proyectos caldenoristas si se atentaba contra la permanencia en el poder de algún gobernador salido de las filas del tricolor.
Por eso se entiende que al final el gobierno federal, el panismo y las instituciones han hecho caso omiso a casos graves de abuso de poder, como los ocurridos en Oaxaca en donde se han perpetrado asesinatos políticos, detenciones ilegales y aparecieron grupos paramilitares en contra de los opositores del mandatario Ulises Ruiz.
Que mejor prueba de este comportamiento del panismo es lo que se ha visto en Puebla con la dirigencia del PAN y sus legisladores, entre ellos Francisco Fraile García.
Los miembros del albiazul en febrero de 2006 juraban que quitarían a Marín del poder. En particular el líder albiazul Francisco Fraile García sentenciaba que no habría ninguna negociación o complacencia en ese tema.
Ahora todos esas posturas aguerridas desaparecieron y el tema se trata siempre de manera ambigua, mientras unos panistas omiten hablar del mismo, otros trasnochados, como los diputados Arturo Flores Grande o Alfonso Bello, dicen que buscarán juicio político contra el mandatario poblano.
El caso del Lydiagate fue utilizado primero por Carlos Abascal Carranza, quien cuando era secretario de Gobernación pactó con el priismo poblano que no hiciera ninguna operación especial durante el proceso electoral de 2006.
Eso permitió que de Puebla salieran muchos votos para el entonces candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa y entraran al Congreso de la Unión 12 diputados federales de mayoría y cuatro senadores panistas, algo que nunca había conseguido el Partido Acción Nacional y que le permitió equilibrar su presencia en el Poder Legislativo frente al Partido Revolucionario Institucional y sobre todo, ante la Coalición por el Bien de Todos.
Posteriormente el Lydiagate, junto con otros asuntos, de nuevo se convirtió en moneda de cambio cuando Calderón necesitó que el Partido Revolucionario Institucional permitiera su toma de posesión; que los gobernadores priistas se dieran el abrazo con él y lo reconocieran como jefe del Poder Ejecutivo; y más adelante, que las bancadas del tricolor en la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran la reforma a la Ley del ISSSTE.
Con el tiempo el impacto que provocaba el escándalo del Lydiagate fue perdiendo fuerza. Dejó de ser un factor que restara votos al Partido Revolucionario Institucional. Por eso dejó de ser un arma electoral para el Partido Acción Nacional y no le sirvió en este último proceso electoral en el estado de Puebla.
Aún así, curiosamente la SCJN emitió su fallo hasta que hubieran pasado los comicios. Tres semanas después de las votaciones, para ser más exactos. Cuando se supone que el máximo tribunal del país desarrolla su trabajo al margen de los tiempos políticos. Pero ya quedó evidenciado que no es así.
Todos estos antecedentes no plantean la hipótesis de que si la Suprema Corte de Justivia de la Nación actuaba desfavorablemente contra Marín era sinónimo de que es un poder independiente, y que como acabó favoreciendo al mandatario, su fallo habría estado condicionado por una negociación política.
Lo que se cuestiona es el largo tiempo que se tardó el máximo tribunal del país en resolver y que el caso, haya sido objeto de un manoseo político, lo cual lleva a que finalmente la última decisión en la SCJN no sea satisfactoria por la duda que genera la falta de independencia del Poder Judicial.
Al final se puede sacar una conclusión: lo que pasó con el caso Marín–Cacho es una radiografía del deterioro que sufre la justicia en México, la cual nunca es pronta ni expedita, y las instituciones encargadas de aplicar las leyes, cada vez gozan de poco prestigio y credibilidad.
