Los representantes populares no estuvieron solos. Los acompañó al menos una centena de ciudadanos cuetzaltecos, entre quienes destacaban representantes de partidos políticos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y estudiantes.
La unión de grupos tan heterogéneos, cuyos intereses en muchos episodios de la historia local los han confrontado con ahínco, ha sido posible porque los abusos del alcalde emergido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) –cuyos correligionarios también lo repudian– trascendieron los círculos políticos de Cuetzalan hasta ser del dominio público, pues el funcionario no ha tenido reparo en ostentar el crecimiento desorbitado de su fortuna en menos de tres años.
Un piquete de policías estatales arribó a la cabecera municipal la madrugada de este miércoles, pues el gobierno estatal se enteró la noche anterior de las intenciones de los inconformes. A lo largo de la jornada los uniformados rondaron la sede del ayuntamiento a una distancia prudente, pero por la noche, cuando la mayoría de los ciudadanos que apoyan a los regidores en rebeldía se habían retirado a descansar y éstos se quedaron solos, en posesión del recinto oficial, los gendarmes hicieron más evidente su presencia.
Horas antes, al filo de las 16 horas, el síndico de la Comuna, Joel Leyva Lazcano, recibió una llamada del subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Joe Hernández Corona, quien le envió una amenaza para los regidores y quienes los siguen en sus acciones: si persisten en la toma de la alcaldía tendrán que atenerse a las consecuencias legales derivadas de la suspensión “arbitraria” de los servicios que brinda la Comuna.
“Yo le contesté que estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y que no temía responder por mis actos, pero también le dije que desde hace mucho tiempo le entregamos al gobierno del estado y al Congreso las pruebas de los fraudes que ha cometido el ciudadano presidente municipal”, relató a esta casa editorial Leyva Lazcano.
Por la noche, la dependencia estatal encargada de la política interior en la entidad informó que en Cuetzalan no había ninguna alteración del orden e intentó soslayar el enojo popular contra el munícipe, argumentando que de la alcaldía se habían apoderado “sólo unos cuantos regidores y muy pocas personas”, aunque reconoció que durante la mañana hubo tensión.
“Marín lo protege”
Para varios integrantes del movimiento que exige la destitución de José Norberto Hilario Aparicio Bonilla, la intervención de la fuerza pública estatal y la actitud de Hernández Corona son una prueba más de que el gobierno encabezado por Mario Marín Torres protege al alcalde, pues éste fue el único munícipe afiliado a Acción Nacional que no se retractó de un desplegado que firmaron muchos ediles poblanos para respaldar al llamado góber precioso en la parte más crítica del escándalo generado a partir de que se conoció la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Otro botón de muestra que abona a las especulaciones sobre el contubernio del presidente municipal cuetzalteco y la administración marinista es que aproximadamente dos semanas antes de la elección celebrada el 11 de noviembre pasado, Marín visitó Cuetzalan y entre sus actos públicos colocó la primera piedra de la construcción de un hospital. El hecho no tendría nada de extraño, a no ser porque el terreno donde se llevó a cabo la ceremonia protocolaria no corresponde al lote comprado por el cabildo cuetzalteco para la edificación del nosocomio.
La realización del hospital fue una gestión conjunta de todos los regidores, quienes aprobaron solicitar al Banco Nacional de Obras un préstamo por 10 millones de pesos para tal efecto. Oficialmente la Comuna compró con parte de ese dinero un predio ubicado atrás de la Escuela Secundaria Técnica, pero la colocación de la primera piedra se verificó en un terreno que se encuentra atrás de un bachillerato técnico.
Mutación
La mayoría de las personas con quienes esta casa editorial pudo hablar ayer del munícipe coincidió en la siguiente versión de la historia:
Hasta antes de 2005, José Norberto Hilario Aparicio Bonilla era un modesto conductor que trabajaba como empleado en una unidad del transporte público de Cuetzalan. Acción Nacional lo buscó porque encajaba a la perfección con el perfil que el partido derechista estaba buscando para postularlo como candidato a la alcaldía, que en ese momento estaba en manos del Revolucionario Institucional: se trataba de un hombre sencillo, de origen humilde, poco conocido en la comarca. Las características suficientes como para despertar la simpatía de una buena parte de la ciudadanía que en ese municipio serrano tiene una población étnica mayoritariamente indígena.
El PAN logró su cometido y con la ayuda de Aparicio Bonilla le arrebató el ayuntamiento al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el alcalde casi de inmediato tomó distancia de los políticos profesionales que lo llevaron al poder y comenzó a ejercer la administración pública a su albedrío.
En menos de tres años, coincidieron las fuentes consultadas –incluido el síndico–, la suerte del chofer cambió drásticamente: se hizo de la propiedad de un rancho de 10 hectáreas; reemplazó su vieja casa por una residencia, cuyos lujos saltan a la vista desde la fachada. Adquirió además otra vivienda en la ciudad de Puebla y en esta misma urbe se reintegró al giro del transporte público, pero esta vez como empresario, pues se hizo dueño de una flotilla de combis y microbuses.
Lo más extraño del caso es que la conducta del edil raya en el cinismo y la torpeza, pues no ha cuidado para nada su crecimiento económico: de hecho, las fuentes coinciden en que el carácter de Aparicio Bonilla es dado a la ostentación. Y aunque los regidores que lo han denunciado administrativamente –Irene Galicia Zamora, Guillermo Cárcamo Hernández, José del Carmen Sánchez Báez, Amado Cárcamo Garrido e Inocencio Secundio Cortz Morales, además de Leyva Lazcano– ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local y la Sedecap, entregando los estados contables del ayuntamiento, nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la malversación de fondos imputada al presidente municipal.
Joel Leyva Lazcano hizo un cálculo superficial, basado en el precio que pueden tener las propiedades que se la han visto al edil. Éste al menos ha invertido en lo que va del trienio 30 millones de pesos, nada mal para un individuo que ha usado un presupuesto superior a los 230 millones, prácticamente sin darle explicaciones a nadie durante casi tres años.
Las sospechas sobre el asalto al erario aumentan porque en los reportes que José Norberto Hilario Aparicio Bonilla entregó al cabildo aparecen como realizadas obras inexistentes. Por ejemplo, en la cuenta pública de 2006 registró en los libros contables la rehabilitación de un camino vecinal en la comunidad de Xochipal, en el cual supuestamente invirtió 885 mil 789.56 pesos, pero dichos trabajos jamás fueron realizados, como ha hecho constar el juez de paz de esa localidad a través de un documento que ya fue remitido a las contralorías del Legislativo y el Ejecutivo.
Para acabar con las presunciones, los regidores acordaron en una sesión integrar una comisión investigadora, la cual sólo pudo revisar los recopiladores que contenían la documentación que el edil presentó para tratar de justificar los trabajos que no hizo. Sin embargo, el organismo especial sólo pudo tener acceso dos meses a los legajos, pues el munícipe ordenó a la policía bajo su mando que impidiera el acceso a los representantes populares a cualquier oficina de la Tesorería.
Empero, los regidores se las arreglaron para apoderarse de la documentación, la revisaron y entregaron un informe a las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes. De ese momento a la fecha, nada ha procedido contra el edil.
