Dos terceras partes de los regidores del ayuntamiento de Cuetzalan, junto con el síndico municipal, integrantes de diversas fuerzas políticas y organizaciones no gubernamentales, decidieron tomar el Palacio de Gobierno de dicha localidad para presionar al Congreso local y buscar que sancione al edil Norberto Hilario Aparicio Bonilla, quien es acusado de cometer anomalías por alrededor de 30 millones de pesos del erario y de enriquecimiento inexplicable.
Los inconformes con la gestión del alcalde decidieron ocupar el Palacio Municipal luego de que habían presentado al Congreso local un expediente que supuestamente documenta los ilícitos del edil, y no habían obtenido una respuesta favorable a la solicitud de que se investigue al presidente municipal.
Lo que pasa en Cuetzalan, una vez más, pone en evidencia que el Congreso del estado no se puede adaptar a la dinámica que siguen los conflictos municipales. Los diputados, junto con el personal del Poder Legislativo, siguen procesos tardados, burocráticos y siempre contaminados de criterios políticos para investigar las anomalías en que incurren alcaldes, organismos públicos y dependencias gubernamentales.
Tales obstáculos, lejos de permitir un combate a la corrupción o la ineficiencia, sobre todo en los ayuntamientos, lo que han hecho es acrecentar la impunidad, ya que frente a tales dificultades para investigar casos de abusos, los autores de las anomalías cuentan con tiempo, influencias, dinero y otros recursos para buscar evadir posibles sanciones. Por eso son pocos los ex alcaldes que realmente han sido castigados por el mal uso que dieron al erario.
