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Miércoles, 14 de noviembre de 2007
La Jornada de Oriente - Puebla - Suplementos
 
 
MEDIEROS
desde los comunicadores
 

Magdalena García Durán

Ana Lidya Flores

La imagen de doña Magdalena García Durán se convirtió en un ícono para los adherentes a la otra campaña. Estuvo presa durante 18 meses acusada de manera consecutiva de cuatro crímenes inexistentes, entre ellos delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. El verdadero delito de esta mujer fue acudir de manera inmediata a Atenco en cuanto se enteró de la celada preparada en contra de vendedores de flores, en el marco de la celebración del Día de la Santa Cruz.

Ella también es vendedora. El 4 de mayo de 2006 se disponía a vender papas, chicharrones, mango, piña, sandía, y decidió solidarizarse con hombres y mujeres que, como ella, viven de comerciar con lo que sus tierras producen. Magdalena García Durán es una indígena orgullosa de pertenecer a la etnia mazahua, y como tal, lucía su indumentaria, y se dedicaba al comercio.

En el lapso de estos 18 meses, perdió la vida cotidiana al lado de su familia. Su esposo y sus seis hijos se vieron de pronto sumergidos en los vericuetos de un sistema que opera al más puro estilo kafkiano. No hay escapatoria posible aún cuando no se haya cometido delito alguno. Su caso es idéntico al de mujeres oaxaqueñas que fueron detenidas en noviembre pasado: estaban en el lugar equivocado en el momento menos propicio.

En cuanto recuperó la libertad, doña Magdalena se dirigió al plantón ubicado fuera del penal donde estuvo recluida para pasar la noche con los familiares y amigos que día a día, han acompañado a los 184 detenidos en San Salvador Atenco. De acuerdo con las crónicas que fueron publicadas en La Jornada, Magdalena sale con un nudo de sentimientos contradictorios: feliz por recuperar la libertad, y triste por dejar a sus compañeros de prisión. El caso de esta mujer indígena fue reconocido por Aministía Internacional y la declaró presa de conciencia. De hecho, la organización ha hecho circular un comunicado de beneplácito por su excarcelación.

Los adherentes a la otra campaña y todos aquellos que están en contra de un sistema que opera en contra de aquellos que exigen otro modelo de país, están al igual que Magdalena un poquito felices, porque ella ya salió, pero muy tristes también porque aún faltan el Doctor Selvas, su hija Mariana, y una larguísima lista que suma casi 200 nombres... Por lo que se ve, la lucha tiene un largo camino por recorrer.

 
 

América Latina: necesario, crear redes para fortalecer la lucha por los derechos de la comunicación e información

Lilia Vélez Iglesias

En América Latina hoy existe una “sociedad en movimiento” que los Estados y las democracias de la región no están preparadas para enfrentar, porque son naciones acostumbradas a convivir con sociedades apáticas y/o con sociedades confrontadas, no con sociedades en movimiento.

Rosa María Alfaro, directora ejecutiva de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social de Perú, afirmó lo anterior durante una conferencia magistral en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, que tuvo lugar en Ecuador y en el que “Medieros” fue presentado como un espacio de resistencia ciudadana frente a la concentración mediática en México. En varios de los paneles de discusión se habló de la importancia, la lucha por los derechos de las y los ciudadanos a la información, de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión mexicanas.

En el Congreso, en el que participaron alrededor de 800 personas de distintos países de América Latina y el Caribe, se planteó la necesidad de crear redes para trabajar el tema de los derechos de la comunicación y de la información en las naciones del Continente que enfrentan problemas similares y en donde actualmente la movilización ciudadana está fragmentada: (indígenas, mujeres, periodistas, etcétera).

Alfaro resaltó que los países latinoamericanos ha crecido la conciencia de los ciudadanos sobre sí mismos y sus derechos y hay una tendencia a la movilización social. La gente está saliendo a la calle a luchar por sus derechos, recalcó, no obstante esta movilización no tiene ruta y se encuentra fragmentada porque los grupos trabajan en sus propias “parcelas” o temas sin conectarse unos con otros.

En este sentido, la especialista resaltó la necesidad de promover redes que unifiquen el movimiento ciudadano de los países de la región y que lo encaucen, pues son sociedades no acostumbradas a enfrentarse a sociedades movilizadas sino a sociedades indiferentes o, por el contrario, a sociedades en conflicto.

 
 

El dilema del Senado, ¿a quién escuchar?

Roberto Alonso

En las últimas semanas, el Senado ha sido sede de posiciones encontradas respecto al futuro de la radiodifusión y de las telecomunicaciones en el país. Tal y como ocurrió entre febrero y marzo del año pasado, esta cámara ha sido visitada por los actores involucrados en las reformas a estos marcos jurídicos, no obstante, la difusión de estas reuniones ha sido menor en comparación con la atención mediática que hubo en los meses en que se aprobó la ley Televisa.

Es cierto que ahora las circunstancias no son las mismas, los intereses de los concesionarios de la radio y la televisión han sido expresados de manera institucional por los representantes de esta industria, desafortunadamente, como lo advirtió el senador Carlos Sotelo, intenciones opuestas a democratizar el sector siguen operando con la finalidad de detener la reforma.

Puede que haya algunos puntos de conexión entre las propuestas de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y la Asociación Mexicana de Derecho de la Información (AMEDI), que hoy presidida por Javier Corral y con un inmejorable consejo consultivo, resume puntualmente las columnas para alzar desde el trabajo legislativo una auténtica sociedad de la información. En el tema de la convergencia tecnológica la CIRT ha reconocido que las estaciones permisionarias también deben acceder a prestar servicios adicionales y despunta en el documento que este organismo entregó su inquietud de darle definición jurídica a la radio comunitaria.

La AMEDI, por su parte, se ha pronunciado, en congruencia con la convergencia tecnológica, por una sola ley que regule los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones con la figura de un órgano regulador autónomo que administre las concesiones, los contenidos y garantice el derecho de réplica. En relación a los medios comunitarios, esta asociación ciudadana plantea su inclusión en la legislación bajo la creación de un Sistema Nacional de Medios Públicos en el que este tipo de estaciones puedan comercializar sus espacios para tener viabilidad financiera.

Sobre este último asunto, dice la CIRT en un acto de repliegue, se corre el riesgo de que los medios públicos pierdan su sentido por la dinámica comercial. Sin embargo, lo que subyace de fondo es el punto de partida para legislar en materia. La CIRT llama a los senadores a desoír la sentencia de la Corte con la que desmenuzó la ley Televisa, y la AMEDI invita a los mismos a que ésta sea el piso para modificar los ordenamientos. El Senado debe tomar una decisión: atiende el fallo de un poder constitucional o se somete a la industria voraz.

 
 

 

 
 
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