"Periodismo regional a la medida de su tiempo"

EnviarEnviar ImprimirImprimir

Puebla > Economía
miércoles 10 de octubre de 2007
   

ECONOMÍA A RETAZOS



A la opinión pública internacional y nacional

Los abajo firmantes, integrantes de la “Asociación de Estudios Latinoamericanos” y asistentes al XXVII Congreso Internacional de LASA, por este medio hacemos manifiesto nuestro rechazo total a las políticas represivas del actual gobierno ejecutadas en contra del movimiento y comunidades zapatistas, así como en contra de las organizaciones sociales y populares, ubicadas especialmente en las zonas indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Como se sabe, esta población históricamente ha sido marginada y actualmente es la más gravemente afectada por las políticas neoliberales, las cuales han pulverizado sus economías, desintegrado sus familias y mermado el ejercicio de sus derechos fundamentales y ciudadanos.

Ante esta violencia estructural y política, consideramos que las luchas y reivindicaciones de dichas comunidades, organizaciones y movimientos son legítimas y exigen una respuesta gubernamental basada en políticas públicas que promuevan la justicia, la equidad y una vida digna, así como el respeto de los derechos humanos y de los derechos indígenas internacionalmente reconocidos. Al contrario de esto, el actual gobierno de Felipe Calderón responde con desalojos violentos e ilegales aduciendo la protección medioambiental y la lucha contra el terrorismo, como ha sucedido recientemente en las comunidades localizadas en Montes Azules de la Selva Lacandona (Chiapas), en la Costa de Guerrero y en la sierra de Oaxaca y Veracruz. En todos los casos ha existido un abuso de autoridad y un alarde de violencia que dan continuidad en el país a los métodos de guerra sucia aplicados en décadas anteriores.

Como comunidad académica, preocupada por los procesos democráticos en América Latina y comprometida con las luchas de los pueblos indígenas, consideramos que tenemos la responsabilidad moral de denunciar esta escalada de violencia y demandamos a las autoridades competentes que de inmediato se suspendan las políticas represivas, que se devuelvan las tierras a los campesinos indígenas desalojados, que se garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales y ciudadanos y que se investigue a los autores intelectuales de la represión y los desalojos para castigarlos conforme a la Ley.

Montreal, Canadá, septiembre de 2007.

Firmantes:

Orlando Fals Borda (Colombia), Héctor Díaz–Polanco (México), Charles Hale (Texas, EU), Pablo Mamaní (Bolivia), Consuelo Sánchez (México), Elizabeth Jelin (Argentina), Lynn Stephen (Oregon, EU), Leah Diskin (Boston, EU), Alex Halkin (EU), María José Rosado-Núñez (Brasil), Carmen Álvarez (Guatemala), Arturo Arias (EU), Mercedes Olivera (Chiapas, México), Xochitl Leyva Solano (Chiapas, México), Aída Hernández Castillo (México), Giomar Rovira (México), Alejandro Álvarez Béjar (México), Joane Rappaport (EU), Shannon Speed (EU), Silvia Gómez-Tagle (México), Neil Harvey (EU), Magda Suárez (Cuba), John Gedhill (Inglaterra), María Eugenia D’aubeterre (Puebla, México), Marie France-Labreque (Quebec, Canadá) y siguen firmas.



Dos falacias

Miguel Ángel Burgos

No me extraña que Calderón haya declarado a la televisión estadounidense que la migración de mexicanos a los Estados Unidos es un “fenómeno económico natural”e inevitable. Con la misma seguridad puede decir que la miseria es otro fenómeno natural y hasta que el fraude en las elecciones es un fenómeno político natural e inevitable al que hay que acostumbrarse, como a los temblores o a las inundaciones. Sin embargo, cualquier historiador de medio pelo, y aunque sea de derecha, podría enmendarle la plana a Calderón en ese punto.

Lo que decepciona es que los teóricos y políticos progresistas o de izquierda o críticos, o como se quieran llamar, sostengan dos conceptos que casan con esa cátedra “presidencial”. Me refiero a esa insistencia en seguir hablando, por un lado, de “recursos naturales” y, por otro, de necesidades básicas de la población. Si existieran los recursos naturales Arabia Saudita sería el país más poderoso del mundo con tanto petróleo. En cambio, Japón que no tiene una gota o Alemania, serían unos países de esos que ni del nombre nos acordamos.

Lo que fue el Congo Belga, en el centro del continente africano, hoy llamada República Democrática del Congo, ha vivido una guerra permanente desde que se hizo independiente y todo por tener en abundancia el recurso “natural” del uranio. Si Maria Curie no hubiera descubierto la radioactividad y los científicos del proyecto Manhattan y sus similares no hubieran desarrollado la bomba nuclear, ni quien se ocupara de ese recurso “natural”.

En el año 1990, un par de zapatos hecho por niños indonesios que trabajaban 12 horas diarias por 13 centavos de dólar la hora, costaba solamente 2,60 dólares, pero era vendido por 100 dólares o más en los EU.



El agua, un derecho humano

Edmundo A. Gutiérrez

El agua, elemento esencial para la vida en la tierra, es un derecho humano básico reconocido por el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en el artículo 11, párrafo 1 que establece el derecho de todos los seres humanos a un nivel de vida adecuado.

El agua, como derecho humano, se confirma en la Observación General número 15 del documento “El Derecho al Agua”, aprobado por el “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de las Naciones Unidas, que establece: “El derecho de todos y todas a disponer de agua para su uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad y económicamente accesible”. Cabe recordar que México es signatario de este acuerdo, en cambio hay más de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua (Primer Foro Regional en Defensa del Agua, San Francisco Ocotlán, Puebla, 11 de febrero de 2207.)

En la ciudad de Puebla y su zona conurbada, que incluye zonas residenciales, comerciales e industriales, el abasto de agua proviene de mas de 180 pozos que representan 4 mil 300 litros por segundo, y sin embargo este suministro resulta insuficiente. En realidad no se trata de una “insuficiencia de agua”, sino una mala distribución y uso de la misma. Las empresas refresqueras, las comercializadoras de agua, la industria en general, y las zonas residenciales exclusivas, que son grandes consumidores de agua nunca padecen del suministro del líquido. En cambio, en las colonias populares y otros sectores de la ciudad el agua se raciona, o tiene que ser comprada a quienes la distribuyen mediante pipas.

El gobierno del estado de Puebla presiona a las poblaciones aledañas, como San Francisco Ocotlán, Santa María Acuexcomac, Coronango, Cuatlancingo, y muchas otras más, para extraerles más y más agua de sus pozos, agua que va a parar a industrias que generan desechos contaminantes de los ríos y mantos freáticos, y que contribuyen al deterioro de las tierras cultivables, matando así el sustento y la cultura ancestral de miles de familias campesinas poblanas.

Se trata de una lógica de suicidio ambiental, en la que solo se explota el agua, pero no se crean mecanismos para preservarla. Por ejemplo, si se recolectara el agua de lluvia, ésta triplicaría la cantidad que actualmente se extrae de los pozos en servicio. Resulta entonces imperativo regular la extracción, distribución y uso del agua como un bien público y no comercializable, con el fin de satisfacer el suministro de manera justa y equitativa entre todos los poblanos, y que garantice su preservación y abasto a través de leyes y programas de mantenimiento, rehabilitación y saneamiento de cuerpos de agua, bosques y zonas de cultivo.



La disputa en la UNAM

El próximo 16 de noviembre el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, dejará el cargo. De ahí que el lunes pasado la Junta de Gobierno de la mejor universidad Iberoamericana lanzó la convocatoria que inicia el proceso que culminará en la elección de quien ocupará la rectoría en los próximos años.

Se dice que los candidatos con más posibilidades son dos: José Narro y José Antonio de la Peña.

José Narro es médico cirujano, ha sido secretario general de la UNAM con tres rectores (Jorge Carpizo, José Sarukhán y, al principio, con José Ramón de la Fuente), también ha sido tres veces precandidato a ocupar la rectoría de la UNAM. Actualmente es director de la Facultad de Medicina. En 1993 presidió la “Fundación Cambio XXI”, órgano del PRI. Su cercanía con el actual rector, permite suponer a muchos que ambos comparten la misma visión de la universidad pública. Por eso, se dice, que Narro es el candidato de Juan Ramón de la Fuente.

José Antonio de la Peña, es un distinguido matemático que entre 1998 y 2006 ocupó la dirección del Instituto de Matemáticas y, simultáneamente, entre 2002 y 2004, se hizo cargo de la presidencia de la Academia Mexicana de la Ciencia. Formó parte, también, de Consejo General de Ciencia y Tecnología, organismo presidencial que presidía Vicente Fox.

Hasta hace unos días fue director adjunto de Desarrollo Científico y Académico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cargo al que renunció para participar como candidato a la rectoría. Se dice que es “el candidato mejor visto desde Los Pinos”.

(Fuente: Emeequis, número 84, semana del 10 al 17 de septiembre de 2007)



Por los cinco de Cuba unidos

El 12 de Septiembre de 1998, agentes del FBI detuvieron a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, todos ellos ciudadanos cubanos que cumplían tareas encomendadas por su gobierno en los Estados Unidos, buscando información preventiva de grupos terroristas en contra de su país.

Fueron acusados de espionaje y terrorismo en contra de Estados Unidos, procesados y condenados a graves penas, desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua. Durante su detención, proceso y reclusión han sido objeto de todo tipo de atropellos sin respetar sus derechos procesales y humanos, generándose un acto de venganza política del gobierno estadounidense en contra del pueblo y el gobierno cubanos, por ello, numerosas agrupaciones y personalidades del mundo han condenado estos hechos y exigen la libertad de los presos, sumándose a éste esfuerzo los juristas mexicanos.

Por la Unión de Juristas de México y la Red Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos Eduardo Miranda Esquivel. Jesus Cervantes Esparza. Pablo Franco Hernández. José Enrique González Ruiz. Omar Garibay Guerra. Hilda Venegas Negrete

EnviarEnviar ImprimirImprimir