EDITORIAL

EL CONFLICTO DE LA CAIP

El próximo jueves la Comisión de Gobernación del Congreso local podría aprobar solicitarle a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública que inicie una investigación contra Antonio Juárez Acevedo, el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip), por haber mentido a los legisladores acerca de que estaba impedido para ser parte de ese organismo por ocupar un puesto de dirección en la asociación política Plataforma Cuatro.

La destitución de Antonio Juárez Acevedo es la única solución que se puede dar a este conflicto, ya que es evidente que este personaje mintió al Congreso local y con ello violó flagrantemente la legislación que regula a la Caip. Es un servidor público que perdió credibilidad, y sería un absurdo permitir que continoe en un organismo dedicado a transparentar la información pública.

La pregunta que se debe de hacer. ¿cómo pudo ocurrir algo así? La respuesta es sencilla, es una muestra de que en el mundo de muchos servidores públicos persiste una cultura de la ilegalidad, en la cual pareciera que lo importante es aparentar que se cumple en las leyes pero en la realidad no se respeta la legalidad. Es decir, lo importante es fingir que se acatan las normas.

Sería lamentable que el Congreso únicamente se avoque a cambiar a Juárez Acevedo, si es que lo declara procedente. Este asunto debería ser el punto de partida para revisar la legislación que regula el derecho a la información a Puebla, pues hasta ahora la ley en la materia y el organismo que se encarga de aplicar esa garantía son limitados y dejan mucho que desear.