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Puebla >
miércoles 26 de septiembre de 2007
   

MEDIEROS
desde los comunicadores



OBSERVATORIO

El derecho a la información pública

Roberto Alonso

De llegar a contar la reforma electoral con el aval de 16 legislaturas locales, pues es necesario acentuar que de acuerdo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las adiciones o modificaciones a ésta puedan efectuarse es necesario que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y dado que el Distrito Federal no es un estado son requeridos 16 y no 17 congresos locales, estaremos presenciando en el mismo año el logro de dos reformas históricas en lo que al derecho de la información respecta.

Agotar esta materia en una sola de sus vertientes, es decir, en el acceso a la información pública, supone una concepción reduccionista de esta área. No obstante, las reformas que establecen los mínimos indispensables con los que debe contar toda ley de transparencia para poder garantizar el acceso a la información pública, constituyen un avance significativo para proteger un derecho fundamental de los ciudadanos.

El 13 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en uso de las facultades que le confiere el artículo 135 de la Carta Magna, con la aprobación de las dos cámaras federales y de la mayoría de las legislaturas de los estados, decretó la adición de un segundo párrafo con siete fracciones al artículo sexto de la Constitución. Según esta reforma constitucional, para operar el derecho de acceso a la información los tres niveles de gobierno deberán regirse por los siguientes principios y bases:

1) La información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública, la reserva sólo aplica de manera temporal por razones de interés público.

2) La limitación al acceso es la vida privada y los datos personales.

3) Sin necesidad de acreditar interés o justificación alguna toda persona tiene acceso gratuito a la información pública.

4) Se deben establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sujetarán ante organismos especializados imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

5) Los sujetos obligados a informar deben preservar los documentos en archivos actualizados y publicar en medios electrónicos información sobre el uso de los recursos.

6) Las leyes deben determinar la manera en que los sujetos obligados harán pública la información sobre los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

7) El incumplimiento de las disposiciones relativas al acceso a la información pública será sancionado.

Si bien estas reformas inician una nueva etapa de la transparencia en México, no se trata descansar en laureles, como bien lo dijo el investigador John Ackerman en su participación en la Tercera Semana de Transparencia organizada por la Comisión de Acceso a la Información Pública. En la reglamentación de las reformas se puede perder lo que se ha ganado e incluso pueden convertirse en un retroceso de prevalecer una lógica burocrática en el manejo de la transparencia.

La negativa del gobierno del estado de hacer pública información que le compete difundir y de entorpecer los procedimientos de solicitud propiciando recursos de revisión que finalmente son resueltos con el propósito de proteger al sujeto obligado son hoy por hoy retos apremiantes. Para ello es preciso combatir la opacidad y superar la visión minimalista.



El acceso a los medios no garantiza la democracia

Claudia Magallanes Blanco

Los grandes medios masivos son empresas. De eso no queda duda alguna. Como tales, estos medios hacen negocio vendiendo audiencias a sus anunciantes. El negocio se basa en que un mensaje llegue a la mayor cantidad posible de individuos. De esta forma la marca es conocida por muchas personas y cuando tenga la necesidad (creada o real) de comprar un producto elegirá la marca que más recuerde. La que más vio o escuchó en los medios. La que tiene una cancioncita muy pegajosa. La del comercial que es chistoso.

Así como los medios hacen negocio vendiendo audiencias a los comerciantes, también hacen negocio vendiendo audiencias a las instituciones u organismos que quieren dar a conocer una postura, idea, o discurso a la mayor cantidad posible de individuos. Repito, los medios masivos son empresas, eso no se discute.

La reforma electoral prohíbe que la mayor parte del dinero de los partidos políticos destinado a las campañas electorales vaya a los corporativos mediáticos. Esto es un acierto que limita el poder de las empresas mediáticas en la vida política del país. Otro acierto de la reforma es la prohibición de que instituciones, organismos, corporaciones o individuos puedan comprar espacios en los medios a favor o en contra de algún candidato. El acierto de esta medida no recae solamente en el control del poder de los medios, sino en el control del acceso a los medios como canales de difusión y venta de ideas.

Juan José Rodriguez Posada, líder del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, aseveró en el foro “Legisladores, medios y ciudadanos”, que la reforma electoral coarta la libertad de expresión de los empresarios. En realidad quienes en la actualidad coartan la libertad de expresión de la ciudadanía son los empresarios. Los corporativos mediáticos que otorgan espacios en función de quienes pueden pagar el precio que ellos establecen son los que niegan el acceso libre, democrático y equitativo a las diversas voces y opiniones de la ciudadanía.

Como lo mencionó Jorge Calles Santillana, representante de académicos en el mismo foro, la reforma electoral debe contemplar también un mecanismo para que los medios estatales funcionen verdaderamente como medios públicos y no como voceros de los gobiernos en turno. Es necesario que medios como Sicom, en Puebla o Radio Más, en Xalapa, Veracruz, no sean solamente mecanismos de propaganda de los gobernadores de turno. En cuanto a temas electorales estos medios deben también ser voceros de la pluralidad de ideas, propuestas y visiones de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas del país.

Tanto medios públicos como concesionados deben dar voz a candidatos políticos pero también a los ciudadanos. Los votantes tenemos derecho a enterarnos de las propuestas de los candidatos pero también de que ellos se enteren de nuestras opiniones, ideas y necesidades. Los medios de comunicación deben ser un canal abierto para que se dé en ellos el diálogo y el intercambio real de opiniones.

La reforma electoral garantiza que no se pueda usar el poder del dinero para venderle a las audiencias ideas a favor o en contra de algún candidato o partido político. Lo que no garantiza es la utilización del espectro radioeléctrico, bien de la nación, de forma democrática y plural. ésa no es la tarea de la reforma electoral, eso queda claro. Pero el control del acceso a los medios en materia electoral invita a la reflexión sobre el acceso a los medios en general.

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