PARABÓLICA

Reforma electoral: los medios y los fines

Fernando Maldonado

La intención del Congreso de la Unión por reformar siete artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, que establece nuevas reglas del jue-go en materia electoral federal, modifica sustancialmente las relaciones de los me-dios de comunicación electrónicos con el poder público.

Y aunque las opiniones respecto de las limitaciones y alcances de este nuevo entramado legal están divididas, la cele-ridad con la que ha sido llevada al Cons-tituyente Permanente pone de relieve una de las asignaturas todavía irresueltas en nuestro sistema político mexicano: el pre-sidencialismo y su omnipresencia en la vida nacional.

Subrayo la figura presidencial, inde-pendientemente del hombre y el partido en turno, porque una reforma de tal en-vergadura no pudo estar ajena a los ojos del habitante de la residencia oficial de Los Pinos.

Si la redacción del documento no fue escrita en sus oficinas, como se hacía en la época del priato , sí fue palomeada por quien ocupa la silla presidencial. Ese es uno de los vicios de origen que guarda la pretendida reforma al texto constitucio-nal que, por lo demás, busca poner lími-tes a partidos y candidatos en sus afanes propagandísticos, y a los medios en sus ganancias utilitarias.

El presidencialismo ha sido uno de los signos más ominosos para nuestra vida pública. Tlatoani, mecías o patrono de las instituciones en la República, el habitante de Palacio Nacional o de Los Pinos, es quien mueve los hilos de la vida pública en nuestra nación, aún en el incipiente periodo de alternancia que co-menzó con el sofisma de Vicente Fox Quesada: “el presidente propone y el Con-greso dispone”.

Nada ha hecho tanto daño a la vida pública de los estados y municipios, co-mo la dictablanda que el presidente ejer-ce desde su omnímodo poder terrenal. No debemos engañarnos: la iniciativa de reforma constitucional tiene un vicio de origen que se llama presidencialismo.

El disimulo o ausencia de Felipe Cal-derón Hinojosa en el debate nacional en torno a las limitaciones o avances que la enmienda supone para la vida democrá-tica de este país, mueve a duda: ¿pone dis-tancia para evitar pagar un costo políti-co?, ¿el silencio es una suerte de aproba-ción para llevar adelante la modificación al texto fundamental?

La pretendida idea de los pregoneros de las nuevas reglas del juego electoral no han advertido que el aparato político en el país comenzó a moverse en función del interés presidencial, en el que podría aplicarse una metáfora que dibuja de cuerpo entero la mezquindad con que se actuó: la cruzada legislativa por estable-cer reglas de equidad y transparencia en las elecciones, “fue besada por el diablo”.

Las reglas y los acuerdos no escritos, signo y prototipo de nuestro peculiar sistema político mexicano, son los que aun privan en la toma de decisiones. Es ahí en donde la reforma del Estado tiene un amplio campo de acción.

Un ejemplo de ello es la forma servil y grotesca con la que actuó el gobierno tambaleante de Ulises Ruiz Ortiz en el estado de Oaxaca.

Víctima de sus propios desaciertos, incierto aún el destino de su futuro como gobernante de un estado convulsionado por sus afanes monárquicos, apenas su-po llegada a la antigua Antequera la co-misión legislativa con el documento bajo el brazo, Ruiz Ortiz ordenó al Poder Le-gislativo oxaqueño aprobarla en tiempo récord: dos horas llevó el trámite.

Afanoso, el todavía gobernador de Oaxaca se puso literalmente de tapete para que el interés presidencial pudiera andar el siguiente paso.

Y con ello nos hizo recordar que en la República mexicana aún vivimos los tiempos en los que el hombre que deten-ta el poder puede preguntar: ¿qué horas son? Y esperar como respuesta: “las que usted ordene, señor”.