La reformas a la Constitución, oportunidad para corregir la ley de transparencia: CAIP

Ernesto Aroche Aguilar

La aplicación de la reformas al artículo sexto constitucional, que obligará a la modificación de Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, es una oportunidad para solventar las deficiencias y lagunas que presenta la normativa, consideró la integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) Josefina Buxadé Castelán durante el anuncio de la tercera semana temática que se organiza en el estado.

Por su parte, el consejero presidente, Antonio Juárez Acevedo, dio a conocer que son la Secretaría de Finanzas y Administración, y la de Comunicaciones y Transportes –con 213 y 129 peticiones, respectivamente– los sujetos obligados que acumulan el mayor número de solicitudes de información, y por ende el mayor número de recursos de revisión por información no proporcionada.

Explicó además que desde febrero de 2006, cuando se inició la aplicación de la ley de transparencia en el estado, a pesar de que fue decretada desde finales de 2004, se han efectuado mil 937 solicitudes de información al gobierno del estado, que han generado 45 recursos de revisión.

La rueda de prensa fue convocada para dar a conocer la III Semana de Transparencia, que se llevará a cabo del 24 al 25 de este mes en el salón Barroco del edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla.

El programa preparado para el acto lleva como línea de discusión las “resistencias, reformas y retos” que aún enfrenta la apertura informativa en el estado, como apuntaron los dos comisionados presentes.

Se pensó discutir sobre las resistencias que el tema todavía presenta, explicó Juárez Acevedo, porque vemos que en la práctica, aunque se puede pensar en que existen los mecanismos, éstos no siempre son utilizados por la ciudadanía, “aún se desconocen los procedimientos para que los ciudadanos puedan acceder a la información que genera el gobierno”.

Reconoció también que los mecanismos ideados poco ayudan o promueven la utilización de las herramientas, ya que implican un procedimiento engorroso y burocrático que obliga al solicitante a esperar, si bien le va, los 15 días que establece la ley como periodo de respuesta, pues “algunos sujetos obligados utilizan sin argumentar y casi como procedimiento la prórroga que concede la ley”.

Por su parte, Josefina Buxadé explicó que la coyuntura que abre la modificación a las leyes estatales de transparencia para adecuarlas a la reforma del artículo sexto, que eleva a rango constitucional el derecho a la información, crea las condiciones para subsanar los defectos procesales y las deficiencias que se han encontrado en el camino.

“Esperando que en ese caso las reformas sean mínimas, porque hay casos en que con la modificación de un solo renglón se adapta, no sean las máximas, sino que se apueste por una reforma integral”.

En ese sentido, Juárez Acevedo aseguró que la Comisión de Acceso a la Información Pública está participando en la creación de una “ley modelo” que se trabaja junto con el conjunto de oficinas y comisiones de transparencia que establezca la línea a seguir.

Aunque, a la hora de ser cuestionado sobre las deficiencias que presenta la ley estatal con respecto a la ley de Morelia, que fue calificada en la sesión como una de las más avanzadas del país, pues no sólo considera a los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia, sino que además permite al organismo rector la aplicación de sanciones, el presidente consejero prefirió ahondar en la necesidad de homologar las comisiones de acceso a la información municipales, del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Dicho evento contará con tres ponencias magistrales, una ofrecida por el llamado “comisionado incomodo” del IFAI, Juan Pablo Guerrero; la segunda charla la ofrecerá el investigar y colaborador del semanario Proceso, John M. Ackerman, y la tercera correrá a cargo del especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México Miguel Carbonell.