ONG lanza campaña de apoyo ciudadano a la reforma electoral

Ernesto Aroche Aguilar

Mientras la dirigencia del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) se manifestó –sin mantas, pancartas o consignas de por medio– en el Congreso del estado para dejar en claro que su postura es contraría a la aprobación de la reforma electoral, en los correos electrónicos circula un desplegado (virtual de momento) promovido el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que ha logrado ya la suma de plumas de investigadores y periodistas con una postura a favor de la iniciativa parlamentaria.

Cencos es una asociación civil mexicana sin fines de lucro, que lleva más de 37 años trabajando “independiente de partidos políticos, gobiernos e iglesias, que mediante la comunicación y a través de los ciudadanos como sujeto busca el desarrollo de la sociedad basado en la democracia, la justicia, la equidad y la dignidad”, como se lee en su página web.

El documento, firmado ya por gente como Denise Dresser, Sergio Aguayo, John Ackerman, Alberto Aziz Nassif o Jenaro Villamil, por mencionar algunos, y por organizaciones como Artículo 19 sección México, Comunicación e Información para la Mujer A.C. o la Red por los Derechos de la Infancia en México, pugna por el “rechazo a las presiones de los empresarios de la radio y televisión y por el avance de la reforma electoral”.

A continuación algunos de los puntos más importantes del desplegado: “Reconocemos los avances en la reforma electoral para cambiar la relación entre medios, dinero y partidos. Rechazamos las campañas agresivas y difamatorias de las empresas de radio y televisión en contra del Congreso. Proponemos profundizar las reformas en materia electoral y de radio, televisión y telecomunicaciones para avanzar en la democracia. Pugnamos por un nuevo modelo de relación y comunicación entre los poderes constitucionales y la ciudadanía”.

“Consideramos un acierto la decisión de que la difusión de las campañas se realice sólo en los tiempos oficiales, que se prohíba la compra por terceros de tiempos para campañas políticas y se legisle para despersonalizar la publicidad que realizan los funcionarios y servidores públicos con recursos del presupuesto, prohibición que no afecta la libertad de expresión, ya que esa libertad no depende de comprar espacios en los medios de comunicación, ni se garantiza por no comprarlos.