A DEBATE

Castigo al consumo

Susana Rappo

Desde el punto de vista del legislador, y reconociendo los impactos derivados de dicho gravamen, los poblanos saldríamos beneficiados, porque el estado recibirá recursos millonarios, que servirán para mejorar la infraestructura y los servicios.

Lo que habría que agregar es que esos beneficios nunca son directos, salvo para algunos que en lugar de servir, buscan servirse de los recursos públicos, en detrimento de la ciudadanía.

Si al incremento de los combustibles sumamos las alzas de precios en artículos básicos, de lo cual La Jornada da cuenta en su edición de ayer, la afectación a los sectores de menores ingresos que gastan proporcionalmente una parte mayor de sus remuneraciones en alimentación y transporte es directa, ya que con creces rebasa el incremento salarial de 2007. De manera consecutiva y en cascada, los precios de los productos que componen la canasta básica se han modificado; el año se inauguró con un alza desproporcionada del precio de la tortilla y ha seguido con aumentos sucesivos, que en los últimos días afectó al pan.

Mientras esto sucede, el gobierno parece espectador, buscando la forma más fácil de hacerse de recursos, mediante impuestos al consumo, sin mayores instrumentos para actuar a nivel de la actividad económica, de la cual podrían derivarse mayores recursos fiscales si se lograra un mayor dinamismo.

Una parte de los incrementos de precios de productos básicos derivados de la agricultura y la ganadería tiene que ver con la dependencia del exterior en materia alimentaria y la inestabilidad de los precios en el mercado internacional, derivados de la posibilidad de otros usos y los procesos especulativos que ello conlleva, pero también de los desastres que de manera recurrente afectan las áreas de cultivos, encareciendo los precios de los diferentes granos, así como de las políticas públicas aplicadas en los principales países productores–exportadores, con el fin de reducir los excedentes agrícolas, para disminuir el costo de los subsidios que los precios a la baja obligan a erogar a los gobiernos que sí protegen el ingreso de sus agricultores.

Por tanto, la tendencia al alza en el mercado nacional del precio de los alimentos debería contrarrestarse con la acción gubernamental de apoyar a los distintos segmentos de productores que pueden aumentar la oferta agropecuaria, si existen estímulos para ello.