SEMINARIO PUEBLA
de Análisis Político

La transparencia en México: ¿qué hemos ganado? ¿Qué nos ha dejado?

José Ojeda Bustamante
Universidad Iberoamericana Puebla

La transparencia y acceso a la información pública es un derecho democrático por excelencia. Ya la propia Constitución plantea que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, entendiendo pública como toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo en los tres niveles de gobierno.

¿Cuándo surge? Los suecos muy tempranamente descubrieron que el acceso a la información es un disolvente de prácticas patrimonialistas, discrecionales, ilegales o de plano corruptas. La propia experiencia plantea que contar con acceso a los certificados oficiales fue una palanca pensada para apoyar el proceso de distribución de tierras, pero luego se difundió a otras áreas del gobierno para volverse parte de la cultura administrativa del Estado.

La cosa ha llegado a tal punto de generalización, sofisticación y sistematización que hoy en día los funcionarios suecos afirman poder entregar una copia de cualquier documento elaborado hace 200 años ¡y en 24 horas! Suecia encaró el desafío de la modernización de su gobierno en la última parte del siglo XVIIII, y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia como envoltura de su estrategia.

Este tema de transparencia cobró fuerza en Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y Dinamarca (1970), para volverse luego parte de la oleada democratizadora en los últimos cinco años del siglo XX, periodo en el cual más de 40 países del mundo –incluyendo México– tomaron su ejemplo e instituyeron sus propias leyes de acceso a la información.

Robert Dahl considera que si un país ha de gobernarse democráticamente habrá de tener ciertas prácticas habituales y duraderas, instituciones políticas que garanticen una ley de acceso a la información, la obligación por parte de los gobiernos locales de hacer más transparente la gestión pública, y el sentido de responsabilidad por parte de la ciudadanía.

De esto que señala Dahl, los ciudadanos tienen el derecho de tener fuentes de información alternativas e independientes para poder participar efectivamente en la vida política e influir en la agenda, acción social y gubernamental. Por lo tanto, si el gobierno controla todas las fuentes de información o existe monopolio por cualquier grupo o concepción política especifica, nuestra democracia estaría limitada. ¿Es el caso de nuestro México y de Puebla?

Retomando el tema de transparencia, Toby Mendel ha resumido los principios centrales que deben guiar la construcción de cualquier información y el acceso a ella: apertura máxima, obligación de publicar, promoción de gobiernos abiertos, Alcance limitado de las excepciones –y no al revés, como funciona actualmente–, eficiencia en el acceso a la información, costos, reuniones abiertas, el principio de apertura debe ser prioritario, protección para los informantes.

Las leyes de acceso a la información son un proyecto que busca la creación de una sociedad plenamente transparente en todos los aspectos, pero eso no garantiza la instauración de buenos gobiernos.

En México, el derecho a la información es un derecho fundamental expresado al final del artículo sexto de la Constitución mexicana; desde las reformas políticas de 1977, “el derecho a la información será garantizado por el Estado”; sin embargo, el derecho a la información no fue reglamentado durante más de 25 años, y por lo tanto no se podía garantizar este derecho. O bien el acceso a la información quedó como una concesión de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los servidores públicos; en este contexto, después de varias décadas de gobiernos autoritarios y de un sólo partido en el poder, fue hasta el año 2000, con la alternancia en el poder, que se generaron espacios de participación ciudadana lo que permitió exigir que las acciones gubernamentales transparentaran el uso de los recursos públicos. Esto trajo consigo mayor presión y no una concesión a la ciudadanía. Fue hasta el 11 de junio del 2002 cuando el presidente Fox firmó el decreto de promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De esta ley se deriva la creación del IFAI. Algunos dirán que fue uno de los ¡pocos! o ¡muchos! logros del presidente Fox, que abanderó las causas de los grupos de la sociedad civil.

El 20 de julio de 2007 se reforma el artículo sexto, donde compromete a los estados y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información, ya no sólo a nivel federal; en este mismo sentido, las leyes estatales tendrán un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública, y un año para adecuarse a ello.

Después de lo anterior, ¿qué nos ha dejado la transparencia en México? la constante de las instituciones de transparencia es que son costosas y en muchos casos inoperantes, sobre todo las de índole local–estatal, pero más que costosas es que no están respondiendo al cometido por el que fueron creadas.

Hoy podemos saber a nivel federal cuántos vestidos de reina se compró Martita, o saber quién fue el súper secretario viajero del anterior sexenio, o saber que la información del Infonavit es reservada, o más aun, conocer los cuantiosos contratos de Pemex y sus prebendas.

La maravilla es que pudimos conocer un sinnúmero de casos de incredulidad de cómo ejercer el gasto público, como los costosísimos colchones; sin embargo, al día de hoy, no hay nada más que transparencia, sobre todo en el gasto público, no importa cómo se ejerza. De aquí que urge caminar a la rendición de cuentas para saber qué beneficios trae consigo que nuestros embajadores traigan costosísimos vehículos.

A nivel local, la transparencia sí que es un tema aplazado. Pareciera que seguimos en las décadas anteriores, de autoritarismo, con leyes muy a modo de quien detenta los destinos de los estados, aunque con los cambios a la ley se obligará a nuestros legisladores locales a revisar y alinear la ley.

Lo que sí no puede ser sinónimo de transparencia es la información de los partidos políticos. Esto puede constituir una crítica a la reforma antes mencionada, pues la transparencia y el acceso a la información debieron alcanzar a los partidos políticos, que son asociaciones de ciudadanos que compiten en elecciones por el poder político. En ese sentido, son agrupaciones que se mueven entre los espacios público y privado. En EU, Alemania o Canadá, por ejemplo, existen disposiciones legales en la materia.

En la actualidad, todas las herramientas que se están utilizando para cumplir con la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información no están garantizado el buen desempeño gubernamental, o la efectividad de los gobiernos en los resultados que nos ofrecen todos los días. ¿Qué esta faltando? ¿La ciudadanía se está apropiando de estos temas? ¿Qué sigue en la agenda nacional y local?

Finalmente, cuando una sociedad haya asimilado todo lo que implica la democracia, es elemental que sus ciudadanos conozcan lo que su gobierno está haciendo. Ningún gobierno democrático puede sobrevivir sin rendición de cuentas, y para llegar a la rendición de cuentas es necesario el acceso a la información.

René Valdiviezo
BUAP

En el terreno político hay una discusión y una reflexión, diferente del terreno académico, sobre la importancia de la transparencia en el proceso de democratización del país.

La discusión no es menor, pues persisten dos elementos que cuestionan a la transparencia: a. El que exista información que se puede clasificar y reservar, “por razones de seguridad” o lo que sea y b. Limitaciones para el ejercicio de la democracia en muchos otros ámbitos de la vida política, lo que deja aislada a la transparencia.

Ello ha permitido que el régimen haya cambiado, en términos reales, muy poco en el país, de forma tal que, con una faceta democrática, por un lado, persistan, por el otro, acciones autoritarias (por ejemplo, los casos de Atenco y Oaxaca), o de presencia de dinero sucio en la política o de control corporativo sindical, en educación, por ejemplo, entre otros aspectos.

Por ello, el que se tenga acceso a la información, aparece como una medida aislada, todavía, en el largo proceso de transición del país y no parece que la transparencia sea el elemento que “jale” a los demás aspectos.

Juan Luis Hernández
Universidad Iberoamericana Puebla

Uno de los aspectos fundamentales que dinamizan la democracia es la comprensión que los ciudadanos tienes de los problemas públicos, de la información que tienen sobre temas locales y nacionales. En México la ciudadanía tiene poco aprecio por la información pública, no tiene incentivos para ocuparse de la vida pública del país. La instauración de instituciones que transparentan el ejercicio gubernamental apenas son conocidas aunque ello ha permitido principalmente a los periodistas realizar un mayor periodismo de investigación. Hace falta que los ciudadanos se apropien de las instituciones de transparencia. Los políticos por naturaleza tenderán a reservar información, se orientarán a decir medias verdades y aún bucarán negar cierto tipo de información. Los ciudadanos necesitan controlar a los políticos a través de hacer posible el ejercicio del gobierno lo más clara y diáfanamente posible. El grado de transparencia pública medirá la madurez de la ciudadanía.

Lilia Vélez Iglesias
UPAEP

El 18 de agosto, Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel Rodríguez comisionados de Acceso a la Información en Puebla usaron un tecnicismo legal para impedir que se aprobara un proyecto de resolución, elaborado por Josefina Buxadé, que ordenaba al gobierno del estado hacer públicas copias de las facturas que ha pagado por conceptos de publicidad en medios locales y nacionales.

El argumento que el gobierno utilizó para “reservar” esa información fue ridículo: la difusión de estos datos “puede causar prejuicio o daño a las funciones públicas del estado”. La pregunta es: ¿qué daño podría provocar que las y los ciudadanos sepamos cuánto dinero ha gastado Mario Marín y su gobierno en hacerse publicidad y en qué medios de comunicación lo ha hecho?.

El caso es un claro ejemplo de uno de los rubros que más deberán transparentarse en el futuro cercano en el país si queremos no sólo ampliar los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes, sino además avanzar en el logro de dos condiciones indispensables de una democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión.

Me explico: sin transparencia publicitaria, los viejos contubernios entre medios y gobierno se mantienen y profundizan, pues el hecho de ignorar cuánto gastan nuestras autoridades y en qué medios lo hacen, facilita que éstas pacten con los empresas mediáticas “tratamientos especiales” tales como la difusión de propaganda disfrazada de noticias y la eliminación de la crítica y la información que es perjudicial para ellas. Sin transparencia publicitaria no es posible la democracia consolidada.