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Puebla > Estado
miércoles 15 de agosto de 2007

MEDIEROS
desde los comunicadores



Engrose: el llamado formal de la Corte

Roberto Alonso

Dos meses después de que concluyera el juicio relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores de la LIX Legislatura en contra del decreto de reformas que modificó, adicionó y derogo artículos a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al Senado y a la Presidencia de la República su sentencia definitiva sobre la ley Televisa.

El lunes 6 de agosto el pleno de la Corte aprobó por unanimidad el engrose de la sentencia que elaboró el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Conjuntamente, en concierto con la difusión del proyecto de dictamen que discutieron los ministros entre mayo y junio pasados, el engrose de 634 cuartillas y los votos particulares que formuló el ministro Genaro Góngora Pimentel han sido colocados en la página web del máximo tribunal para su consulta pública. (www.scjn.gob.mx)

Con esta formalidad del Poder Judicial, el futuro de los ordenamientos federales se encuentra oficialmente en manos del Senado y del Ejecutivo, dos actores que han reaccionado de manera inversa respecto a los cambios sugeridos por la Corte. En la Cámara Alta, a mediados de julio fue publicado en la Gaceta Parlamentaria un acuerdo que aprobó la Junta de Coordinación Política, presidida por el panista Santiago Creel Miranda, para adecuar la LFRT y la LFT con los resolutivos de la Corte con la integración de una subcomisión legislativa.

En tanto, en Los Pinos ha prevalecido la ataraxia, aun cuando en materia de medios reside en dicha oficina una decisión capital para definir la relación del sexenio con el poder mediático. El caso pendiente es el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, principal consecuencia orgánica de las reformas que ha sido definida reiteradamente por el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, como un organismo capturado por los entes que debe regular; sin embargo, tales declaraciones parecen no bastar.

Es así que sin ningún pretexto justificable, tanto la omisión como la desatención del Senado o de la Presidencia constituirá, a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, una responsabilidad mayor en la ruta por la democratización de los medios y la multicitada Reforma del Estado, la cual no surtirá los efectos deseados si no se controla un poder salvaje que logró imponer su propia ley para garantizar el dominio a perpetuidad de un bien público.

A decir del ministro Góngora Pimentel, incluso la sentencia es cuestionable y, en consecuencia, perfeccionable, ya que su falta de precisión extiende lagunas jurídicas que, por citar tan sólo un caso, admitirían la perpetuidad de las concesiones actuales.

Como se recordará, la mayoría requerida para declarar la invalidez de un artículo o de alguna porción normativa se pronunció en contra de que los concesionarios actuales de radio y televisión refrendaran automáticamente su concesión sin que mediara una licitación pública (artículo 16 de la LFRT), no obstante, la sentencia de la Corte no detalla que la eliminación de esta parte del artículo implica que para el refrendo, que queda inamovible, sea necesario un proceso de licitación, lo que alimenta la discrecionalidad en una solicitud de refrendo de haber nuevas propuestas.

Frente a la labor que interpela la sentencia, los legisladores y el presidente deberán atender estas y otras observaciones a fin de no estrecharse en un tema que precisa tener como brújula derechos fundamentales como las libertades de expresión, información y prensa.



OBSERVATORIO

La ley Televisa en la SCJN

 

21 de mayo

La mayoría del pleno de la Corte autoriza la excusa del ministro José Ramón Cossío de participar en el debate de la acción de inconstitucionalidad por haber sido asesor de los anteproyectos de ley en materia de telecomunicaciones. Seis expertos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México explican a los ministros aspectos técnicos de telecomunicaciones y convergencia tecnológica.

22 de mayo

Los ministros escuchan por segundo día consecutivo la opinión de especialistas. Al presentar su proyecto de resolución en torno del decreto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano advierte que la Corte no cederá a presiones. “La realidad es que no saben de lo que estamos hechos”, declara.

24 de mayo

En el máximo tribunal de justicia, los ministros aprueban la legitimidad de los 47 ex senadores para impugnar los normatividades. Por unanimidad deciden posponer la discusión sobre la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aunque acuerdan que el Congreso, con atribuciones limitadas, sí puede intervenir en la conformación de órganos de la Administración Pública Federal. En la revisión de la acción de inconstitucionalidad comienzan a escucharse palabras como “libertad de expresión”, “libertad de prensa”, “libre competencia” y “rectoría del Estado”

28 de mayo

La Corte declara inconstitucional la prohibición fijada por el Congreso a quienes ocupaban el cargo de comisionados de la Cofetel previo a la entrada en vigor de la nueva ley, establecida en el tercer párrafo del segundo artículo transitorio de la LFT, de mantenerse en su puesto por violar la garantía del trabajo consagrada en la Constitución. Pese a que la mayoría de ministros se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad del nombramiento escalonado de los comisionados, contemplado en el primer párrafo del mismo artículo, la minoría se impone por ser seis y no ocho los votos en dicha línea.

29 de mayo

La mayoría de los ministros concluye que el Congreso estableció un trato diferenciado entre quienes buscan obtener una concesión para fines de lucro y quienes solicitan un permiso para el servicio de radiodifusión con fines sociales o culturales. De esta manera, anulan la discrecionalidad autorizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las fracciones I y II del artículo 20 de la LFRT para exigir requisitos discriminatorios y solicitar entrevistas con los interesados y con otras instancias y autoridades para concretar su idoneidad.

31 de mayo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválido el refrendo permitido, en el artículo 16 de la LFRT, a los concesionarios de radio y televisión sin tener que participar en un proceso de licitación pública. Una vez más la minoría se impone y validan que se les de preferencia sobre terceros en la renovación de sus concesiones.

4 de junio

Con una votación de ocho a uno, la Corte invalida la facultad del Senado de objetar los nombramientos hechos por el Ejecutivo para la integración de la Cofetel toda vez que viola el principio de división de poderes. Por otra parte, rechazan la fracción V del artículo 17-E de la LFRT que exige a los solicitantes de concesiones una solicitud de opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia y no la opinión favorable como tal.

5 de junio

De manera unánime, los nueve ministros declaran inconstitucional los artículos 28 y 28-A de la LFRT que permitía a los actuales concesionarios expandir sus servicios al terreno de las telecomunicaciones sin tener que concursar en un proceso de licitación pública y no estar obligados a pagar una contraprestación económica al Estado. Por ocho votos contra uno, anulan el plazo fijo de 20 años concedido a los concesionarios de radio y televisión e invalidan el criterio de la subasta pública, establecido en el artículo 17–G de la LFRT, como definidor para la entrega de concesiones.

6 de junio

La Corte desecha la petición que hizo el grupo de 47 ex senadores para obligar al Congreso a legislar en materia de medios de comunicación para las comunidades indígenas. Los ministros finalizan la discusión de la acción de inconstitucionalidad y evitan establecer los efectos de sus decisiones.

7 de junio

Los ministros ratifican sus votos y dan por finalizado el juicio de inconstitucionalidad. El tribunal “no hace política, pero incide en la política de manera absolutamente apartidista e imparcial”, expresa en un inusual discurso el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.

 

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