CUITLATLAN

Veta a Meza el CEN del PRD

Fermín Alejandro García

El espaldarazo que las corrientes Nueva Izquierda y Nuevo Foro Sol dieron al ex priista René Meza Cabrera no fue suficiente, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD se determinó vetar a este político e impedir que pueda ser candidato plurinominal a diputado local.

Cuando se llevó a la mesa del CEN el caso de Meza la respuesta fue inmediata y contundente:

El PRD no puede postular a un ex legislador que votó a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno en el Distrito Federal.

Ese es el caso de Meza Cabrera, quien en su carácter de diputado federal del PRI primero dijo que se opondría al desafuero, pero luego alguien lo hizo recular. Ahora eso le costó ser postulado a legislador local.

Quienes buscaron abogar por él ante el CEN perredista prácticamente se quedaron sin palabras.

Y como siempre ocurre, quienes le habían ofrecido al político oriundo de Huauchinango que lo convertirían en diputado, se hicieron como que les hablaba “el tío lolo”.

Definitivamente es una decisión acertada la del PRD. Es una buena noticia en medio de la tormenta que vive ese partido.

Quien entonces parece perfilarse a ocupar el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales es la secretaria del Comité Ejecutivo Estatal, Irma Ramos Galindo.

Los efectos del nuevo reglamento de la SCJN

La creación de un reglamento que permite a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar casos de violación a normas constitucionales, pero sin señalar responsables ni recomendar castigos, no se puede considerar como una exoneración o necesariamente una situación favorable de los servidores públicos de Puebla involucrados en el Lydiagate, sino que es un recurso que permite a los integrantes del pleno del máximo tribunal del país no afectar su relación con el estatus quo priista, pero al mismo tiempo poder proceder en contra de destacados gobernantes del PRI.

Me explico: hace mes y medio en el pleno de la SCJN se conoció el proyecto mediante el cual se pedía juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el Lydiagate, el cual no se votó. Ahora, el nuevo reglamento impide a los ministros solicitar un juicio político en caso de que por mayoría determinen que sí se violaron los derechos constitucionales de la periodista Lydia Cacho cuando fue detenida por autoridades locales.

Sin embargo, aunque ahora no pueden pedir una sanción a los legisladores, prácticamente los ministros ya manifestaron públicamente la medida que creen que se debe de tomar si es que se llega a la conclusión de que fue ilegal la aprehensión y el proceso penal que se le siguió a Cacho en el estado de Puebla. Ya le dijeron al Congreso de la Unión y a la PGR cómo deben de proceder.

Por tanto, la creación del reglamento en cuestión no se debe tomar como parte de un proceso de exoneración del gobernador del estado, tal como lo han interpretado algunos actores políticos. Eso ocurriría si la SCJN aprobara un resolutivo en el cual dijera que no se violó el orden constitucional en el proceso legal de la autora del libro Los demonios del edén.

Y hasta ahora no se sabe cuándo se va a votar el resultado de la segunda investigación que se inició contra el mandatario poblano, por lo cual lo acontecido ayer en la Corte no reduce en nada el clima de incertidumbre en torno al Lydiagate que ya se prolongó por año y medio.

La emisión del reglamento también sirve a los ministros para no dañar su imagen y relación con el PRI nacional. Pues no solamente tienen en sus manos el asunto de Marín, sino también del gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de manera indirecta el del jefe del Poder Ejecutivo del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por los hechos violentos de Atenco en 2006.

Aunque los integrantes del pleno acepten que hubo excesos en Puebla, Oaxaca y el Estado de México no saldrá de su boca señalar a los responsables ni pedir la sanción. Con ello se guardaran las formas en la relación de la SCJN con el PRI, y otras fuerzas políticas.

¿Con esto alguien duda de que la SCJN politizó el Lydiagate y otras investigaciones que tiene en sus manos?

Llaman a cuentas a Jesús Morales Rodríguez

Quien hoy podría tener un día sombrío es Jesús Morales Rodríguez, el titular de la Dirección de Vialidad del estado de Puebla, ya que ha sido invitado a una reunión para que sepan qué hace en el cargo en que encuentra y ha sido protagonista de algunos escándalos.

La convocatoria la hicieron la Conatram, la Canapat y la Canacar, que son las tres cámaras que agrupan al transporte de pasajeros, de carga y de turismo. Son los organismos que representan a las empresas más grandes del ramo y que difícilmente se unen para hacer una reunión como la que de habrá de celebrarse en un salón de la Central Camionera de Puebla.

Los dos temas centrales que se abordarán con el funcionario son: primero que explique la razón por la cual hay presencia de agentes viales estatales en tramos de carreteros federales.

Y el segundo, que de a conocer qué mecanismos se están tomando para combatir la corrupción en contra de conductores.

Al encuentro también se invitó a representantes de la SCT federal y estatal, de la PFP y al fiscal anticorrupción, Nicolás Vázquez.

Aunque formalmente se dijo que esa reunión es de carácter institucional para intercambiar información, parece que obedece a la molestia por lo que está pasando en la Dirección de Vialidad del estado.

Morales siempre la gusta pasar desapercibido. Pero creo que esa estrategia no le funcionará este día.